Después de 47 años, Fiscalía de Irlanda del Norte presenta cargos contra un exsoldado por el Domingo Sangriento

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Después de 47 años, Fiscalía de Irlanda del Norte presenta cargos contra un exsoldado por el Domingo Sangriento

Catorce personas inocentes murieron por los disparos de efectivos del Ejército británico el 30 de enero de 1972 en Derry (noroeste de la provincia), durante una manifestación por los derechos civiles.

La fiscalía de Irlanda del Norte anunció el jueves que presentó cargos contra un exsoldado del Ejército británico por su presunta implicación en la muerte de dos civiles en el llamado Domingo Sangriento, en el que murieron un total de 14 personas, ocurrido en la ciudad de Derry en 1972 y considerado uno de los episodios más polémicos del conflicto.

La acusación pública norirlandesa informó de que el acusado, identificado como "soldado F", afrontará cargos por la muerte de dos personas y el intento de asesinato de otras cuatro.

Catorce personas inocentes murieron por los disparos de efectivos del Ejército británico el 30 de enero de 1972 en Derry (noroeste de la provincia), durante una manifestación por los derechos civiles en la que la actuación de los uniformados ha sido calificada de "injustificada e injustificable", según determinó en 2012 una investigación oficial.

En una comparecencia ante los medios, el director de la fiscalía, Stephen Herron, explicó este jueves que el "soldado F" será juzgado por el asesinato de James Wray y William McKinney y el intento de asesinato de Joseph Friel, Michael Quinn, Joe Mahon y Patrick O’Donnell.

La Policía norirlandesa (PSNI) había investigado también la implicación de otros 16 exsoldados en el Domingo Sangriento y de dos miembros del IRA Oficial, la organización terrorista de la que salió el actual Ejército Republicano Irlandés (IRA), ya inactivo tras su respaldo al proceso de paz.

Según Herron, esas pesquisas no han aportado "pruebas suficientes" para procesar con "perspectivas de éxito" a esos 16 exmilitares y a los dirigentes paramilitares.

Antes de conocerse su decisión, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ya había comunicado su intención de asumir los gastos legales de los abogados del "soldado F”.

Familias y amigos de las víctimas del Domingo Sangriento se congregarono ante el ayuntamiento de la ciudad para recibir la esperada noticia, que han calificado de "logro extraordinario”.

No obstante, los representantes legales de las familias también indicaron que se sienten al mismo tiempo "decepcionadas" porque "no todos los responsables" responderán ante la Justicia.

Asimismo, celebraron que, a pesar de "las interferencias políticas" y la "presión ejercida" para afectar a la independencia judicial, los esfuerzos de las familias en los últimos años han conseguido limpiar el nombre de las víctimas y llevar a un exsoldado ante los tribunales.

En 2012, las conclusiones de una investigación del tribunal especial de lord Mark Saville de Newdigate, enterraron la hasta entonces versión oficial de 1972.

Esa versión oficial señalaba que los militares respondieron con fuego a la agresión del IRA durante la manifestación por los derechos de los católicos en Derry.

El llamado "Informe Saville" confirmó que los fallecidos eran civiles inocentes y calificó de "injustificada e injustificable" la actuación de los soldados del Regimiento de Paracaidistas, lo que llevó al ex primer ministro conservador David Cameron a pedir perdón a las víctimas. 

Solo un exsoldado británico dará cuentas por la masacre de Domingo Sangriento

Casi 50 años después del llamado Domingo Sangriento en Derry, solo uno de los 17 exsoldados británicos investigados ha sido acusado del presunto asesinato de dos civiles a manos del Ejército, en lo que fue uno de los episodios más oscuros del conflicto norirlandés.

La fiscalía de Irlanda del Norte anunció el jueves que el "Soldado F", quien mantendrá de momento su anonimato, afrontará cargos por el asesinato de dos personas y el intento de asesinato de otras cuatro ocurridos en Derry (noroeste de la provincia) el 30 de enero de 1972.

Ese día, un total de 14 civiles inocentes murieron por los disparos de efectivos del Ejército británico durante una manifestación por los derechos de los católicos, en la que la actuación de los uniformados ha sido calificada de "injustificada e injustificable", según determinó en 2012 una investigación oficial.

La Policía norirlandesa (PSNI) investigó también la implicación de otros 17 exsoldados -uno de ellos falleció el pasado año- y de dos miembros del IRA Oficial, la organización terrorista de la que salió el Ejército Republicano Irlandés (IRA), ya inactivo tras su respaldo al proceso de paz, pero no halló pruebas suficientes para procesarlos.

La decisión de la fiscalía, que no ha dejado completamente satisfechas a las partes, pone en evidencia el hecho de que los mecanismos propuestos para lidiar con el legado del pasado conflicto se han convertido en uno de los principales obstáculos en el proceso de paz.

Las familias de las víctimas consideraron que la acusación del "Soldado F" es un "logro extraordinario", aunque se declararon "decepcionadas" porque "no todos los responsables" responderán ante la Justicia, mientras que el Gobierno de Londres opinó que su personal militar, retirado o en activo, no puede "vivir con el miedo constante" a ser procesado.

El ministro británico de Defensa, el conservador Gavin Williamson, confirmó que su departamento correrá con los gastos legales del sospechoso y que le ofrecerá cualquier tipo de "ayuda social y pastoral”.

"Estamos en deuda con aquellos soldados que sirvieron con coraje y distinción para lograr la paz en Irlanda del Norte", dijo Williamson, quien agregó que el Ejecutivo "reformará urgentemente" el sistema para abordar "el legado" con el fin de que "nuestras fuerzas armadas no sean tratadas de manera injusta”.

La semana pasada, la ministra británica para la región, Karen Bradley, ya provocó una gran polémica al decir que las muertes causadas por las fuerzas de seguridad durante el pasado conflicto "no son crímenes", si bien se retractó después y pidió perdón.

Por ello, las familias de la víctimas del Domingo Sangriento volvieron hoy a denunciar "las interferencias políticas" y la "presión ejercida" para afectar a la independencia judicial, aunque recalcaron que su campaña para aclarar totalmente este negro episodio e identificar a los culpables "no ha terminado”.

Su activismo ya logró que Londres estableciera una investigación de un tribunal especial, dirigido por lord Mark Saville de Newdigate, cuyas conclusiones enterraron la hasta entonces versión oficial de 1972.

Esa versión oficial señalaba que los militares respondieron con fuego a la agresión del IRA durante la manifestación por los derechos de los católicos-nacionalistas en Derry.

El llamado "Informe Saville" confirmó en 2012 que los fallecidos eran civiles inocentes y calificó de "injustificada e injustificable" la actuación de los soldados del Regimiento de Paracaidistas.

Siete años después, los crímenes cometidos por los paramilitares republicanos y los protestantes, y por las fuerzas del seguridad del Reino Unido, entorpecen el avance del proceso de paz y mantienen enfrentados a los partidos políticos.

El Ejecutivo británico estableció en 2006 el llamado Equipo de Indagaciones Históricas (HET), una unidad de la PSNI encargada de investigar miles de asesinatos no resueltos de un conflicto que causó más de 3,500 muertos en casi tres décadas.

Tras el desmantelamiento del HET, un nuevo cuerpo de la PSNI ha seleccionado 1,188 casos no resueltos, de los que 530 corresponden a acciones de paramilitares republicanos, 271 a lealistas (protestantes), 354 a las fuerzas de seguridad y 33 a "desconocidos", según datos obtenidos por la cadena BBC.

No obstante, el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante y socio de Londres, considera que el número de casos investigados por la implicación de las fuerzas del orden es desproporcionado.

El nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA principal fuerza entre los católicos, se sitúa en el lado opuesto, lo que dificulta su regreso al Gobierno autónomo norirlandés de poder compartido con el DUP, que permanece suspendido desde enero de 2017.