La PGR confirmó ante diputados y senadores que sí hubo civiles armados en el enfrentamiento de Nochixtlán, Oaxaca, y prueba de ello es que dos helicópteros muestran impactos de bala y cohetones, al notificar que ya integró 32 carpetas de averiguación y que se realiza el peritaje a 89 armas largas y cortas utilizadas por las tres corporaciones policiacas que intervinieron en el operativo.

El subprocurador Gilberto Higuera Bernal admitió que hasta el momento no se sabe quién disparó y, a dos meses del enfrentamiento, tampoco se cuenta con las ojivas utilizadas por los civiles, porque no se ha podido ingresar al poblado, por lo que tampoco se tiene una sola denuncia de las víctimas.

En conferencia, Higuera y la senadora Mariana Gómez detallaron los avances dados a conocer por el equipo, que encabeza la procuradora Arely Gómez, de las investigaciones al precisar que hubo 62 policías armados y se usaron 36 armas largas y 53 cortas.

Señaló que las autopsias revelaron que las seis personas fallecidas recibieron disparos de armas de fuego y que tienen totalmente identificados los tipos de calibre.

Gómez dijo en el encuentro se dieron informes relevantes, como el que ya se han realizado 249 entrevistas a mandos policiales y servidores públicos federales y estatales que intervinieron en el operativo, se cuenta con 166 dictámenes periciales en medicina forense, balística, fotografía, audio, video, incendios y explosivos e informática.

Además, ya se realizan los estudios periciales a las armas de los seis  policías federales que portaban cinco armas largas y seis cortas; a las armas de los 32 efectivos de Gendarmería que portaban 22 armas largas y 32 cortas, así como a los 24 elementos de la Policía Vial de Oaxaca que  portaban 15 cortas y nueve armas largas.

Hasta ahora —resaltó la legisladora— se tienen ya datos de 70 policías federales, 25 estatales y seis de la Agencia Estatal de Investigaciones con lesiones.

Además de que la PGR tiene en su poder la mayoría de las ojivas extraídas de los cuerpos de las seis personas que perdieron la vida, en total 10 proyectiles que están siendo sometidos a pruebas periciales.

“Un dato relevante es que la PGR confirma que hubo civiles que portaban armas de fuego y que un helicóptero de la Policía Federal sufrió daños provocados por dos orificios causados por este tipo de armas y un segundo helicóptero resultó dañado por impacto  de cohetones”, relató la senadora.

Al respecto, se le preguntó a Higuera si las armas que les fueron robadas en días previos pudieron haber sido utilizadas en las agresiones a los policías o a los propios helicópteros, y respondió que antes del 19 de junio ya habían sucedido dos confrontaciones más en intentos de desbloqueo de vías de comunicación: una el 15 de julio y otra el día 17.

“Sí, tenemos referencia, más no tenemos armas de civiles en este momento aseguradas o en nuestra custodia”, acotó, al recordar que hubo robo de equipos antimotines.

En alusión a las agresiones a los helicópteros, dijo que “sí hubo disparos de civiles y hay pruebas que así lo demuestran. Estaremos desde luego identificando en el curso de la investigación a sus autores”.

Abundó que se tendrá mucho cuidado en que el trabajo pericial se haga con todas las precauciones y precisión necesaria, para determinar si de las armas que tiene la PGR en su poder entregadas por los cuerpos policiacos, se produjo alguno de los disparos que causaron las lesiones o fallecimientos.

Sobre las tres carpetas de investigación que mencionó la PGR, la senadora Gómez manifestó que los funcionarios de la procuraduría les dieron a conocer que previo al 19 de junio ya se tenían abiertas investigaciones por los delitos de robo de uniformes, armas y equipo antimotines; ataque a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena, como incendio de instalaciones y vehículos oficiales, lesiones, privación ilegal de la libertad, resistencia de particulares y homicidio.

Higuera explicó que no obstante, a casi dos meses de lo ocurrido, no han podido entrar a Nochixtlán y se desconoce si hay ojivas que correspondan a agresiones de civiles.

Sin embargo, argumentó que aunque no han estado en el sitio, la legislación procesal y las técnicas de investigación han permitido avanzar  y obtener datos y medios de prueba “sin necesidad de ello”.

Pidió a los afectados que acudan a la PGR, a quienes ofreció garantizar sus derechos y mencionó que se ha recurrido a organismos defensores de los derechos humanos como el Defensor de los Derechos del Pueblo de Oaxaca para acercarse a las víctimas.

Sobre los seis o siete grupos civiles que se investigan, confirmó que está abierta la averiguación, pero por la confidencialidad del caso no abundó en ello y aunque se le insistió si hay guerrilla o partidos políticos involucrados, reiteró que calificar a qué grupo pertenecen sería irresponsable.

“Respecto a la presencia de personas extrañas a los presuntos manifestantes, tenemos información, solo que me reservaré datos específicos por  razones de la indagatoria”.

Dijo que no fue un operativo determinado unilateralmente, sino que fue acordado y decidido por las tres corporaciones policiales.

En cuanto a si hubo retención previa de policías, antes del día 19 en que se realizó el operativo, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo explicó que hubo tres elementos retenidos por los civiles, pero ocurrió después del operativo.

En torno a la privacidad de la reunión, pese al acuerdo de que la mayoría serían públicas, Gómez recordó que la propia ley de transparencia determina que cuando se trata de una investigación en curso se debe guardar la secrecía.

Acudieron a la reunión menos legisladores que se costumbre. La procuradora Arely Gómez, el subprocurador Higuera Bernal, así como el director de Control de Averiguaciones Previas, Jorge Nader y el delegado de la PGR en Oaxaca, Javier Villanueva.