MÉXICO.- Los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta del Ejército, policías y sicarios. Un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y luego entregado a los narcos para su desaparición. Algunos de los interrogados fueron entregados muertos.

Así lo refiere a la Fiscalía General de la República (FGR), un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los muchachos y a cuya declaración tuvo acceso Grupo Reforma. Las revelaciones de “Juan” han llevado, en esta administración federal, a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.

Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas, quien incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.

“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, declaró “Juan” el 10 de febrero de 2020.

El declarante explicó que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes que hacían una protesta en Iguala.

Fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal, y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El propósito era interrogarlos para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario.

Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como “Los Tilos”, quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.

En un domicilio de Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados a machetazos y hachazos. Después, los trasladaron a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala.

Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.

Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones.

Una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, fueron entregadas por los narcos a un agente de la policía ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 3 o 4 de octubre de 2014, con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones. El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a ‘sembrar’ casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula.

Esta operación confabulada entre narcos y autoridades estatales tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva, y no a los capos, de la desaparición de los normalistas.

La Procuraduría General de la República (PGR) fincó en el “hallazgo” de Cocula la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y procedió a la detención de algunos sicarios, del entonces Alcalde del PRD, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y de policías municipales.

Conforme a la declaración oficial del testigo protegido “Juan”, restos de cuerpos de normalistas y otras personas detenidas la noche del 26 de septiembre del 2014 fueron llevados a la Funeraria “El Ángel”, misma que era usada por las autoridades como Semefo.

El cártel de Guerreros Unidos tenía control del crematorio, pues habitualmente ahí desaparecía a sus enemigos. Las autoridades locales no lo impedían, sino que incluso lo protegían.

“Se los llevaron en bolsas como las que transportan valores, muy gruesas, de plástico transparente; se transportaron en camionetas. Se hicieron varios viajes que les llevó más o menos dos a tres horas de ir y venir. No sé cuántas camionetas intervinieron pero entre ellas había una camioneta Tacoma blanca que era doble cabina, con su batea descubierta. Para llevar los restos al crematorio se decidió destazar para que hubiera más capacidad y meterlos al horno crematorio”, dice el testimonio.

La operación de traslado de cuerpos al crematorio, su incineración y el regreso de las cenizas para su dispersión duró dos días, según el relato.

El jefe de plaza de Guerreros Unidos, conocido como “El Minicoper”, fue quien hizo práctica común el uso del crematorio. Una persona que el declarante “Juan” describe como bajo de estatura, tez clara, de entre 35 y 40 años de edad, era el responsable del uso de los hornos.

“Lo ubico porque a ese tipo una vez El Minicooper le hizo entrega de una camioneta Honda Element gris, se veía como modelo reciente, esto en pago por sus servicios que es permitir que el grupo Guerreros Unidos usara el crematorio para incinerar gente que había sido asesinada“, dijo.

El testimonio del testigo protegido “Juan” confirma lo contenido en los mensajes de Blackberry que intercambiaron jefes de Guerreros Unidos que operan en Chicago con sus socios locales.

Dichos mensajes fueron interceptados por la DEA como parte de sus indagatorias sobre tráfico de heroína de México a Estados Unidos. En ese intercambio, los jefes de Chicago daban instrucciones de qué hacer con los detenidos y muertos el 26 de septiembre de 2014.