La Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como información reservada y confidencial los avances que en el actual sexenio se han integrado a la averiguación previa abierta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a que dicha investigación ya había sido desclasificada desde el 2015 por orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información (INAI).

Los nuevos tomos del expediente que se han reservado contienen los datos, diligencias y hallazgos con los que la FGR y el gobierno federal han sustentado – al menos en el discurso– que se “ha caído la verdad histórica” del caso, y que hay nuevas líneas de investigación en curso.

Entre octubre de 2015 y noviembre de 2018 la entonces PGR transparentó, siguiendo los criterios del INAI, mas de 600 tomos en versiones públicas de la averiguación que fueron publicados en cuatro entregas, en un micrositio diseñado para ello. Pero a partir diciembre de 2018 la institución dejó de hacerlo.

Debido a ello Animal Político solicitó vía transparencia a la FGR copia en versión pública de los últimos tomos de dicha averiguación, y de otras carpetas relacionadas. La respuesta oficial fechada el 23 de octubre – luego de diversos retrasos debido a la pandemia – es que los nuevos tomos del expediente ya habían sido clasificados como información reservada y confidencial. Ello pese a reconocer que se trataba del mismo expediente y el mismo caso desclasificado anteriormente.

“A partir del último tomo que se encuentra en versión pública, en el portal de la institución se consideran (los tomos solicitados desde esa fecha) información reservada y confidencial, de conformidad con el artículo 110, fracciones VII y XII, y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia (…) puesto que dar a conocer la información solicitada obstruye la prevención o persecución de los delitos”, dijo la Fiscalía en su respuesta.

Esta decisión de la FGR, de acuerdo con el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, es un retroceso importante en materia de transparencia proactiva, pero no es un hecho aislado. Se suma a otras decisiones como la negativa a elaborar una versión pública de la averiguación de Odebrecht, pese a que el Instituto lo ha ordenado en reiteradas ocasiones

“No me extraña que den marcha atrás a una magnifica buena práctica que se había generado de transparencia proactiva (de publicar los tomos del caso Ayotzinapa) y que de haber continuado hubiera sido notable (…) No tienen una vocación por desgracia que se pueda presumir de transparencia, conforme lo ha predicado el nuevo gobierno”, dijo el comisionado.

Acuña Llamas adelantó que el pleno del Instituto analizará los recursos que se promuevan en contra de la nueva respuesta de la FGR en el caso Ayotzinapa y resolverá, muy seguramente, que se tienen que abrir los nuevos tomos de la averiguación previa bajo la misma lógica de hace unos años.

¿Por qué es un caso clasificado, según FGR?

En el oficio que la FGR entregó como respuesta y que no está firmado por ningún funcionario (solo se señala como membrete Unidad de Transparencia), la institución reconoció que existe una averiguación previa en curso bajo el número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre. Es decir, por la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Añadió que hay un sitio de internet donde se puede consultar la versión pública del caso. La ultima actualización, hasta el tomo 631 del expediente, data del 28 de noviembre de 2018.

Pero a partir de esa fecha no se ha publicado mas información, ya que la Fiscalía sostiene que los nuevos tomos fueron clasificados como reservados y confidenciales, de manera permanente.

Para justificar dicha clasificación, la FGR retomó la argumentación que tradicionalmente presenta al justificar que una averiguación es información reservada. Insistió en que se trata de casos en curso que no pueden transparentarse, pues ponen en riesgo la presunción de inocencia de los posibles implicados, el debido proceso y el éxito de la indagatoria.

Como parte de la respuesta y porque así lo ordena la ley, la FGR incluyó un análisis de riesgo “real, demostrable e identificable” que le llevó a concluir que el perjuicio que puede causar abrir el expediente supera en proporción al derecho de la sociedad de conocer el contenido de la investigación. Es decir, la Fiscalía antepone el éxito de la indagatoria al cumplimiento del derecho de acceder a la información pública.

“La información y documentos, que se encuentran contenidos en el expediente de averiguación previa está bajo resguardo de los servidores públicos, quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, así como la suya, y la investigación”, indica la Fiscalía.

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