Un coronel del Ejército mexicano estaba en nómina del grupo criminal Guerreros Unidos cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según un testigo protegido cuya declaración forma parte de la causa penal 5/2020 que investiga los hechos ocurridos en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

“Solo sé que su apellido es Rodríguez, de rango coronel, de aproximadamente un metro con setenta y cinco centímetros, moreno claro, nariz ancha, cabello corto, negro, delgado, cejas regulares”, dijo el declarante denominado como “Juan” en una comparecencia que tuvo lugar el 10 de febrero.

En el momento en el que tuvieron lugar las desapariciones de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el coronel José Rodríguez Pérez estaba al mando del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala y fue él quien coordinó las acciones militares de aquella jornada. Posteriormente, fue ascendido a general brigadier durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Dos declaraciones y varias inspecciones

El relato de “Juan” es clave porque se ha convertido en parte fundamental de la nueva investigación que sustituye a la denominada “verdad histórica” promovida por el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado desde hace meses la necesidad de “romper el pacto de silencio” y ha ofrecido beneficios legales a quienes se acojan a la figura de testigo protegido. Esto ha permitido que aparezcan nuevas aportaciones como las declaraciones de “Juan”, quien declaró al menos en dos ocasiones (10 de febrero y 31 de marzo) y acompañó a los investigadores a diversos lugares en Guerrero vinculados con el caso. 

Según lo declarado por el testigo protegido, los hechos de Iguala se desataron por el enfrentamiento entre miembros de Guerreros Unidos con un grupo rival, que habría llegado en camionetas detrás de los autobuses en los que viajaban los normalistas y sus integrantes habrían intentado camuflarse mezclándose con los estudiantes. El testimonio ha servido, como publicó la revista Proceso, para que se investigue el papel del Ejército en aquellos sucesos. 

La juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en Toluca emitió el pasado 8 de septiembre al menos 25 órdenes de aprehensión por delitos de “delincuencia organizada” contra personas a las que vincula con la desaparición de los 43 estudiantes. Uno de los buscados era Crespo. Entre los requeridos por la justicia están también el expolicía federal Víctor Manuel Colmenares Campos, detenido en septiembre y encarcelado en Almoloya, Edomex, o Pablo Vega “El Transformer”, integrante de Guerreros Unidos y actualmente preso en Estados Unidos. 

En esta nueva narrativa que explique qué ocurrió con los estudiantes y quiénes son los responsables es clave la declaración de “Juan”. El testigo, que fue parte de Guerreros Unidos desde 2010, sirvió para explicar el origen del grupo criminal, sus trasiegos de drogas a EU y cómo corrompían a funcionarios de los tres órdenes de gobierno para ponerlos a su servicio. 

“Algunos mandos del ejército estaban en la nómina del grupo, los elementos del ejército que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala de Independencia, Guerrero, eran de los que estaban trabajando ese día”, dijo en su declaración de febrero.

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