Víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron que el General Salvador Cienfuegos Zepeda sea investigado, procesado y enjuiciado por su responsabilidad en graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército cuando estaba a cargo de dos regiones militares durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y, luego, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración de Enrique Peña Nieto.

El General Cienfuegos Zepeda fue entregado a México para ser investigado, después de que la Jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, concedió a los fiscales de Estados Unidos desestimar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

A pesar que el Canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón dijo que la decisión tomada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos “no es un camino a la impunidad”, el General no fue detenido. A su arribo a México, a las 18:48 horas de ayer, Cienfuegos Zepeda solo fue llevado a una sala privada en las oficinas del hangar de la FGR donde le realizaron un dictamen pericial médico y le informaron que ya es investigado en el país; luego el mando militar se retiró de las instalaciones ubicadas en Toluca, Estado de México, a las 19:12 horas.

La liberación del extitular de la Sedena generó indignación principalmente entre víctimas de violaciones a sus derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideraron que este hecho demuestra que la Fiscalía no tiene ningún caso e investigación sólida en su contra.

Vidulfo Rosales, abogado del caso Ayotzinapa, dijo que era de esperarse que Cienfuegos no sería consignado, pues no había quedado claro bajo qué figura podría ser procesado en México.

“Para nosotros es un hecho lamentable. Ahí se corrobora que hubo un acuerdo político para el retiro de cargos y ahora su liberación. Esto es una muestra de cómo el Gobierno intervino para negociar su liberación”, expresó el defensor de derechos humanos.

Lucía Chávez Vargas, directora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil que desde sexenios anteriores ha documentado y denunciado graves violaciones a los derechos humanos, señaló que el General Cienfuegos debe ser investigado no solo por los cargos que le vinculó y ahora desestimó Estados Unidos, también por crímenes graves que tienen que ver con tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.

“Nosotros desde hace varios años hemos proporcionado información a instancias internacionales y al Gobierno mexicano sobre delitos que se cometieron durante el mandato de Cienfuegos al frente de regiones militares y también cuando era secretario de la Defensa Nacional. La verdad es que hay bastantes evidencias para vincular a Cienfuegos y a otros militares que han ordenado, tolerado y ocultado estos crímenes”, dijo la defensora a SinEmbargo.

Casos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Apatzingán, Calera y masacres como Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán dejaron huella en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En la mayoría de ellos, se ha documentado la participación del Ejército, en ese entonces a cargo del General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, recordó que desde que Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles, Estados Unidos, demandaron a las autoridades mexicanas que se abriera una carpeta de investigación en su contra por su responsabilidad como mando militar y por la protección que dio para que no fueran investigados los elementos castrenses que estuvieron involucrados en la desaparición forzada.

“Sorprendió al mundo que Estados Unidos haya exonerado de cargos al General Cienfuegos, pero esperemos que aquí en México la Fiscalía General de la República recabe todos los elementos necesarios para que la carpeta de investigación que nosotros exigimos se pueda abrir y judicializar. Él tiene que pagar por lo que pasó esa noche en Iguala, porque para nosotros no está fuera de responsabilidades como alto mando de las Fuerzas Armadas de México”, expresó en entrevista con este diario digital.

Al menos 12 mil 338 quejas se han presentado en contra del Ejército ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre los años 2000 a 2018, de las cuales, 3 mil 311 se registraron durante el periodo en que el General Salvador Cienfuegos Zepeda estuvo a cargo de la Sedena.

Pero los señalamientos no se reducen sólo a su periodo al frente del Ejército. La CMDPDH identificó que en al menos siete casos graves de violaciones de derechos humanos –que derivaron en recomendaciones de la CNDH en contra de la Sedena– ocurrieron cuando el General estaba al mando de la I y la VII región militar, respectivamente.

AYOTZINAPA

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde un principio han denunciado que el 27 Batallón de Infantería participó en la desaparición de los jóvenes, pues militares de ese regimiento habrían acudido a la comandancia de Iguala cuando los normalistas eran atacados por integrantes de la policía.

El General Francisco Gallardo, experto en seguridad y derechos humanos, incluso ha manifestado que el ataque “se trató de una maniobra militar que responde a una política de represión”.

Para los familiares de los normalistas, la responsabilidad de Cienfuegos Zepeda recae en su posición de alto mando al momento de los hechos, pero sobre todo porque protegió a los elementos castrenses que participaron esa noche.

“Él [Salvador Cienfuegos] en su momento dijo que no iba a permitir que sus muchachitos fueran investigados, porque ellos supuestamente no hicieron nada, cuando hay evidencia y pruebas de su participación. Por eso nuestra exigencia es que le abran una carpeta y sea castigado conforme a su responsabilidad. Al Fiscal Gertz Manero, como encargado de la FGR, le pedimos que haga su trabajo como debe de ser”, insistió Felipe de La Cruz.  Y añadió: “El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que habría ´cero impunidades´, esperemos que cumpla con su palabra”.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, indicó que lo que sí es un hecho es la negación expresa del General Salvador Cienfuegos en cuanto a la participación del 27 Batallón de Infantería.

“Salvador Cienfuegos de manera reiterada, por más de dos ocasiones, negó la participación de elementos del Ejército y ahora los datos de prueba nos indican que sí hubo tal participación y que además indican que hay personajes vinculados con la delincuencia organizada como el Capitán José Martínez Crespo. Ahí el General Cienfuegos solapó y encubrió”, dijo.

El abogado informó que los padres de los 43 estaban inquietos desde la desestimación de los cargos en Estados Unidos; temían que eso podría implicar su liberación y no se equivocaron.

“Están preocupados. No ven con buenos ojos lo que el Gobierno de México hizo. Tan no se ve con buenos ojos, que el análisis de los padres es que el Ejército está dando manotazos y están presionando al Gobierno federal para que eluda investigar a las Fuerzas Armadas”, comentó.

TLATLAYA

En junio de 2014, elementos del Ejército Mexicano asesinaron a 22 personas, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.

La versión oficial, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, establecía que los hechos se habían suscitado tras un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Además, aseguraba que supuestamente los civiles atacaron primero a los soldados que patrullaban el lugar.

Después de la muerte de las 22 personas, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y hallaron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.

Fue así como las declaraciones de testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra la versión oficial del Gobierno de Peña Nieto, convirtiendo la masacre en Tlatlaya en uno de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, ahora conocida por brindar “verdades históricas”.

El Centro Prodh, en julio de 2015, luego de cumplirse un año de los hechos, hizo público un informe donde reveló la Orden de Relevo y Designación de Mando. Dicho documento consigna que la instrucción a los militares de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario fue “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El ordenamiento fue dirigido al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba cargo del personal de tropa, según el documento.

Desde entonces, el Centro Prodh ha solicitado que los mandos jerárquicos de las tropas que provocaron la masacre también sean investigados, pues de acuerdo con el organismo, si la orden que motivó la intervención de la Base de Operaciones incentivó graves violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad de los mandos debe de ser indagada.

Sin embargo, el caso quedó en la impunidad. En octubre pasado, el diario español El País, informó que cuatro generales, un soldado y un cabo declararon por el caso Tlatlaya en este 2020, pero luego de que lo hicieron el proceso se cerró, pues no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie.

APATZINGÁN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en diciembre de 2018 una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de acreditar que elementos de dicha dependencia torturaron a una persona que fue detenida después de un enfrentamiento armado, ocurrido el 5 de enero de 2014 en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

La víctima fue aprehendida después del enfrentamiento en un tramo carretero entre la comunidad de Las Anonas y El Naranjo de Chila, pertenecientes al municipio de Apatzingán.

“Tras recibir un disparo de arma de fuego, dicha persona fue detenida y amarrada de manos y pies por efectivos militares, quienes le colocaron en el cuello el cinturón que portaba y lo comenzaron a arrastrar, al tiempo que le pegaron con la culata de un arma y le propinaron un puntapié en nariz y boca. Luego de permanecer más de cinco horas en la parte trasera de una camioneta del Ejército, donde lo golpearon e insultaron, fue conducido a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se ordenó llevarlo a un hospital ante la gravedad de las lesiones que presentaba”, detalló la CNDH en su momento.

El organismo explicó que encontraron evidencia suficiente para acreditar violaciones al derecho a la integridad personal por actos de tortura en agravio de la víctima después de analizar los hechos.

CALERA

Cinco hombres y dos mujeres fueron desaparecidos el 7 de julio de 2015 en Calera, Zacatecas. Un informe del Centro de Derechos Humanos Agustín Prodh, documentó que elementos del 97 Batallón de Infantería de la 11 Zona Militar sacaron de sus hogares a las personas, que estuvieron desaparecidas hasta que sus cadáveres fueron encontrados once días después con huellas de tortura y con tiro de gracia.En ese mismo año, la 11 Zona Militar informó en un comunicado que tenía indicios de una probable participación de personal militar”.

De acuerdo con los datos de la organización, la Procuraduría de Justicia Militar sometió a proceso a cuatro elementos castrenses; sin embargo, a la fecha, el caso sigue impune.

OPERATIVO CONJUNTO CHIHUAHUA Y OTROS

La CMDPDH también apunta alguna posible responsabilidad del General Salvador Cienfuegos en los agravios que cometió la milicia durante el Operativo Conjunto Chihuahua, durante el sexenio de Felipe Calderón.

“Si bien el General Cienfuegos no estaba a cargo del Operativo Conjunto Chihuahua, sí estaba a cargo de las unidades que actuaron en el operativo, es decir, aunque él no era el jefe del Operativo Conjunto, la responsabilidad de mando no se diluye, entonces él sigue siendo responsable de las acciones de esas unidades que también a él le debían reportar”, explicó Chávez.

De acuerdo con información proporcionada por la organización, mientras Cienfuegos estuvo al mando de la I región militar en los años de 2007 a 2009, los batallones a su cargo fueron delegados a operaciones en Chihuahua, “operativo en donde hemos documentado además una serie de crímenes que pueden ser crímenes de lesa humanidad”, detalló Lucía Chávez.

Por otro lado, de acuerdo con la defensora, cuando estuvo al mando de la VII región militar, durante 2010 a mayo de 2011, se documentaron cuatro recomendaciones de la CNDH relacionadas con actos de tortura y ejecuciones arbitrarias cometidos por unidades adscritas a esa región militar.

“Hay que señalar también que los crímenes que hemos analizado y que están documentados en las recomendaciones de la CNDH no pueden ser considerados casos aislados, sino que, obedecen a un patrón sistemático de cómo se cometieron y también obedecen a una política del más alto nivel de cometerlos”, afirmó.