La resistencia indígena triunfa sobre el gasoducto de TransCanada
CDMX.- Imagina vivir conviviendo con un ducto de gas que cualquier día, en segundos, con un estallido podría acabar con tu familia, con tu casa, con tu vida. Para su construcción, los ríos y manantiales fueron contaminados, los centros ceremoniales y cerros sagrados fueron violados; todo para que pasen litros y litros de gas natural. Imagina vivir en esa incertidumbre.
Esto fue lo que llevó a indígenas otomíes, nahuas y totonacos a iniciar una resistencia en Puebla e Hidalgo y ahora, contra todo pronóstico, han detenido por unos meses el paso de un proyecto de muerte: el gasoducto Tula-Tuxpan, obra de la empresa TransCanada que busca transportar gas natural entre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México a través de un gran tubo de 36 pulgadas de diámetro que amenaza manantiales, destrozaría cerros ceremoniales y afectará a más de 260 mil personas de al menos 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Edomex.
El proyecto ya estaba por finalizar y debía arrancar operaciones en enero del 2018, pero la lucha que ha dado el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo –que agrupa a los vecinos de poblaciones como Pahuatlán, Tlacuilotepec, Honey y Tenango de Doria– mantiene paradas las máquinas de Bonatti, la empresa constructora que debía realizar los trabajos.
El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo ha conseguido interponer cinco distintos procesos de amparo, tres en tribunales de Puebla y dos más en Hidalgo apoyados por asesores legales de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas, quienes lo auxilian sin cobrar un solo peso.
“Hemos logrado dos suspensiones definitivas. Una en San Pablito Pahuatlán, Puebla, en la cual se suspendió el permiso al manifiesto de impacto ambiental, a la evaluación de impacto social, a la construcción, al igual que se suspendió la consulta. Y otra más en Cuautepec, Tlacuilotepec, en Puebla, con lo que se tiene suspendida la consulta. Mientras estén las suspensiones definitivas la empresa no puede pasar, no puede continuar con el proyecto y no pueden seguir con la consulta. Estamos hablando de las empresas TransCanada y Bonatti”, relata Oliveria Montes Lazcano, una joven de 28 años de edad, una de las voceras y que además articula al resto de sus compañeros de lucha.
“Vamos a llegar hasta donde sea necesario, nosotros buscamos la cancelación de este proyecto, no queremos que se destruya nuestro hogar, no queremos que nuestras comunidades se vean afectadas, no queremos el desplazamiento de nuestros pueblos”, advierte la joven activista.
CUANDO NACIÓ LA AMENAZA
Pahuatlán se encuentra localizado a más de 170 kilómetros de la Ciudad de México. Entre la quietud de la sierra fue muy fácil que los vecinos de las comunidades notaran la entrada de camionetas a inicios de 2016. En los vehículos se advertían los rótulos de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH).
María de Lourdes Hernández Sampayo, una ama de casa y artesana de la comunidad de Zoyatla, perteneciente a Pahuatlán, recuerda que la entrada de las camionetas no fue para nada sigilosa:
“Empezamos a escuchar camionetas que subían y bajaban. Por medio de las redes sociales, por los jóvenes de la comunidad, nos enteramos de que se trataba de que querían construir un gasoducto”, recuerda María de Lourdes.
La obra consiste en un ducto privado de 36 pulgadas de diámetro para transportar todos los días 886 millones de pies cúbicos de gas natural proveniente de los Estados Unidos a lo largo de 263 kilómetros.
El proyecto significa un tiempo de vida útil de 25 a 30 años, pero su trazo afecta a más de 260 mil personas de, al menos, 459 localidades de 34 municipios en Veracruz, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
De todos estos lugares, la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía (Sener) únicamente consideró que 15 localidades son comunidades indígenas susceptibles de ser afectadas por el proyecto y, por tanto, sólo tenían que consultarle a ellas para echar a andar la obra para generar el gasoducto.
“Esto excluye a 444 comunidades, que para esta Secretaría, según sus criterios, no son indígenas o no resentirán los impactos del gasoducto”, explicó el abogado Raymundo Espinoza, uno de los asesores legales del Consejo Regional de Pueblos Originarios.
Cuando los pobladores comenzaron a investigar el proyecto atendieron primero a sus autoridades y buscaron al alcalde de extracción panista, Arturo Hernández Santos, quien se dijo limitado para apoyarlos bajo el argumento de que la obra era planteada desde la Federación.
A mediados de junio de 2016, nuevamente los pobladores de Pahuatlán solicitaron al alcalde que explicara el proyecto. Hernández Santos estuvo presente en la clausura de los cursos escolares de las cuatro escuelas del municipio en la localidad de Ahuacatitla, donde los vecinos, aún sin un comité que los organizara, lo encararon.
Los vecinos comenzaron a perseguir a su alcalde. El siguiente 16 de septiembre tuvo que cancelar los festejos patrios porque los pobladores de distintas comunidades organizaron una manifestación para exigir explicaciones sobre el proyecto.
Pero las cosas se tornaron violentas la tarde del 25 de octubre del 2016. Desesperados, los vecinos de la comunidad indígena ñañu de San Pablito, en Pahuatlán, retuvieron al alcalde Arturo Hernández cuando ingresó con otros funcionarios municipales. Con machetes y palos, los indígenas cerraron todos los accesos e impidieron la entrada de agentes de la Policía Municipal y Estatal cuando intentaron rescatar al funcionario.
En el lugar, los vecinos obligaron al presidente municipal a firmar un documento en donde se comprometió a no aceptar el paso del gasoducto por el municipio. El documento fue acompañado por mil 500 rúbricas de habitantes opositores al proyecto. Sin embargo, meses después desconoció la petición de la comunidad.
Tras el incidente, el exdiputado federal priista Carlos Barragán Amador señaló al alcalde de Pahuatlán por recibir un moche de 2 millones de pesos por parte de la empresa TransCanada para permitir el libre paso del ducto por las comunidades del municipio. Hasta la fecha no se ha comprobado la entrega de dádivas de parte de la empresa.
Contrario a lo que ocurre con Hernández Santos, el presidente auxiliar de San Pablito, Rogelio Marroquín Aparicio, se ha mantenido al lado del pueblo que gobierna y se ganó respeto por sumarse al movimiento contra el gasoducto.
Tanto el edil como los vecinos de las distintas poblaciones saben que el ducto será el primer paso de muchos proyectos de muerte. Tan sólo la construcción del ducto en la zona dañaría los afluentes de agua en la comunidad de Montellano, en Pahuatlán; el afluente subterráneo que pertenece a la cuenca del río San Marcos y los cerros sagrados en donde tres veces al año la gente de San Pablito, Zoyatla, y otras comunidades de la región acuden a dejar ofrendas ceremoniales.
LA BATALLA LEGAL
Al ver que al presionar al presidente de Pahuatlán no llegaban a ningún punto, los habitantes comenzaron a tocar otras puertas. Ahí entraron en juego los asesores de la Asamblea Nacional de Abogados Ambientalistas (ANAA), encabezados por Raymundo Espinoza Hernández.
A través del catedrático de la UNAM Octavio Rosas Landa informaron en asambleas a las comunidades de toda la región, pero por motivos políticos los asesores legales se mantuvieron escépticos en un inicio, pues temían que gente ligada a partidos políticos tomaran la bandera.
Un grupo de mujeres de la región buscó a Raymundo Espinoza en la UNAM, las encabezaba Oliveria Montes Lazcano y llevaban mapas de todo el trazo, así como representantes de todas las etnias que serían afectadas.
A partir de abril de 2017 acordaron eliminar cualquier tipo de movilización violenta o agresiva contra las autoridades para evitar procesos penales en su contra. Todo se atacaría por la vía legal, en los tribunales federales.
En comunidades indígenas existían organizaciones muy fuertes que ya tenían sus propios comités y consejos que después fueron encabezados por el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo que logró articular a todos los vecinos afectados.
El asesor Raymundo Espinoza explica que, ante lo retorcido de las leyes, tenían que entrar con un bombardeo de demandas de juicio de amparo indirecto ante los juzgados federales de Puebla e Hidalgo.
Mientras sigue el litigio y se mantiene la resistencia de los pueblos, TransCanada pierde dinero: tiene a sus filiales constructoras pagando en dólares por la renta de maquinaria y aún no finaliza la construcción del proyecto entre las poblaciones de Francisco Z. Mena, en Puebla y Tenango de Doria en Hidalgo. Esto atrasa el proyecto y que cada vez los gastos se multipliquen para la trasnacional.
“TransCanada planteaba el arranque del funcionamiento del gasoducto a partir del 1 de enero de 2018. Ya anunció que iniciará hasta 1 de enero del 2019. Ya ganamos un año, estamos por ver si podemos atrasarlo más”, dice Espinoza.
