BARCELONA.- La policía española utilizó bastones y balas de goma para frustrar ayer la votación para el referéndum de independencia en Cataluña, en una muestra de fuerza que dejó a cientos de heridos, según funcionarios catalanes, y presentó a Madrid un enorme desafío para calmar las tensiones en la región, marcando así este 1ro de octubre de 2017.

Por su parte, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña reportó que el 90.09% de los votantes dio el “Sí” al referéndum.
Es decir que más de dos millones de personas votaron a favor del proceso de independencia que busca el gobierno de Carles Puigdemont.

El “No” representó el 7.87 por ciento, correspondiente a poco más de 176 mil votantes.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien declaró ilegal la votación, dijo en medio de una de las mayores crisis políticas de España en décadas que convocaría a todos los partidos para “reflexionar sobre el futuro”, pero que el diálogo sobre Cataluña se produciría “dentro de la legalidad”.

“No podemos permitir que la voluntad de concordia de los últimos 40 años se sustituya por el chantaje de unos pocos a toda una nación”, aseguró Rajoy.

AVANZA VIOLENCIA

Antes, en las calles de Cataluña estalló la violencia luego de que la policía nacional irrumpió en los locales de votación con bastones, y arrastrando a los votantes. La acción generó críticas tanto a nivel local como externo.

Funcionarios catalanes dijeron que unas 844 personas resultaron heridas por la acción policial y el Ministerio del Interior de España informó de varios policías heridos.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer, actuando con la ley y solo con la ley”, señaló Rajoy en una conferencia de prensa en la que no se admitieron preguntas.

PRÓXIMO PASO

La consulta sumió al país en la peor crisis institucional en décadas y profundizó las tensiones centenarias entre Madrid y Barcelona.

A pesar de la acción de la policía nacional, algunos locales de votación permanecieron abiertos, especialmente en áreas bajo la supervisión de la policía de Cataluña, que adoptó tácticas mucho más suaves.

El Gobernador de Cataluña argumentó que, tras el referéndum, los catalanes se ganaron el derecho a ser “escuchados, respetados y reconocidos”.

El artículo 4.4 de esa norma suspendida por el Constitucional contempla que dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados, el Parlamento celebrará una sesión “para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña”.

ESPAÑA RECURRE A FUERZA POLICIAL

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Lo más increíble ayer era la gente que decía: “Es increíble”. Lo exclamaban al contemplar lo más previsible, la aplicación de la ley: la llegada de la Policía, que entraba a golpes y se llevaba una urna. No se lo podían creer porque se habían convencido de que no podía ocurrir, consideraban que no estaban haciendo nada malo, aunque era un acto de subversión como la copa de un pino.

Pero esta falsa ingenuidad, o auténtica en una realidad paralela, se derrumbó cuando se hizo la luz. Y es verdad que estando en un colegio, antes del amanecer, bajo la lluvia entre 300 personas, parecía imposible que una fuerza policial desbaratara eso. Resultaba una idea demasiado violenta, sobre todo para quien cree que está haciendo algo puro e inocente.

Llegaban a los calulares imágenes de cabezas abiertas, agentes arrastrando personas por el pelo. Todo esto no es normal, pero tampoco increíble, porque también algunos políticos contaban con que pasara. 
El Estado ha quedado como lo feo que es cuando se pone feo. “Hem guanyat!”, gritaba la gente al irse la policía: hemos ganado. 

LOS NÚMEROS
844 personas requirieron “asistencia médica” por heridas leves y ataques de ansiedad.

19 policías y 14 guardias civiles también resultaron heridos.

96% de los colegios lograron abrir, aunque el Gobierno subrayó que ningún centro de votación tenía red y que los votos se anotarían en un papel. 

2.262.424 votos fueron emitidos.

2.020.144 (90.09%) a favor del “Sí”.

176.565 (7.87%) votaron por el “No”.

En blanco 45.586 (2.03%) y 20.129 nulos (0.89%).

Una veintena de colegios de congregaciones católicas actuaron como centros electorales para ocultar urnas y papeletas.