En una rueda de prensa convocada en la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las personas migrantes, presentaron un informe con la serie de agresiones que han vivido en los últimos años, y pidieron al Gobierno Federal tomar acciones concretas.

En 2018 fueron documentados 48 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, ubicando al País como el segundo con el mayor número de asesinatos en el mundo, sólo después de Colombia, y como parte de un seguimiento, las organizaciones manifestaron que los actos de acecho autoritario han permanecido en este último año con la nueva administración federal.

El informe toma en cuenta la lucha que se ha generado por los derechos de los migrantes alrededor del surgimiento las caravanas a partir del 2018 y la implementación del modelo militarizado, desde cuando empezó una campaña de criminalización tanto en contra de los defensores, como de la población principalmente centroamericana, ignorando institucionalmente las necesidades y urgencias con las que llegan hasta México.

“El nuevo enemigo público del Gobierno Mexicano son las personas migrantes; mujeres, hombres, niños, niñas”, expresó Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo.

Entre los casos más actuales presentados en el informe se mencionó la agresión que sufrieron defensores la Casa del Migrante de Saltillo por parte de elementos policiacos locales al igual que de elementos militares y federales. También se habló del caso del albergue “La 72”, en Tenosique, Tabasco, resaltando que en los últimos meses han incrementado los casos de acecho y las amenazas de las autoridades contra las personas que brindan ayuda humanitaria a los migrantes.

ABUSOS DE AUTORIDAD

El informe documenta acciones que se han emprendido desde lo institucional hasta el campo, tales como deportaciones y amenazas de deportación, detenciones y juicios, difamaciones y amenazas, vigilancias e intimidaciones, e incluso desapariciones de defensores en el norte del país.

Xicoténcatl resaltó que los defensores de la población migrante también han sido víctimas de un linchamiento por parte de la sociedad, que piensan que quieren desestabilizar al Estado u obedecen a partidos políticos, cuando el hecho de señalar las ineficiencias, se hace de manera precisa para construir un Estado de Derecho.