Doce años, 3 presidentes, y las familias de Pasta de Conchos no tienen ni cuerpos para enterrar
(Primero de una serie)
CDMX.- Elvira levanta la vista. Abre un poco más los párpados. Un cálido brillo emerge de sus redondos ojos negros que minutos antes lloraban al recordar a su esposo muerto el 19 de febrero de 2006. Lleva las manos a su rostro. Suspira.
“No lo podíamos creer. El que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado nuestra queja contra el Gobierno mexicano es una puerta que se abre; significa que nosotros tenemos la razón. Esperamos ocho años para esto y vamos a seguir luchando por el rescate”, dice con una apacible sonrisa.
En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja presentada por Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de 65 mineros fallecidos, la integridad de quienes ahí laboraban y el acceso a la justicia para los parientes de las víctimas en la explosión de la Mina 8 de Pasta de Conchos, la madrugada del 19 de febrero de 2006.
Pasaron ocho años para que el organismo internacional tomara la decisión. La queja fue interpuesta el 19 de febrero de 2010 por 235 familiares de los 65 mineros sepultados en la mina y la Organización Familia Pasta de Conchos, que en ese momento representaba a más de 600 familiares.
Pasta de Conchos se encuentra en la llamada zona Carbonífera conformada por los municipios de Múzquiz y San Juan Sabinas, los cuales agrupan las ciudades de Nueva Rosita, Palaú, La Agüita y La Florida, en Coahuila, al norte de México. Cinco horas por carretera las apartan de Saltillo, la capital de la entidad, y 135 kilómetros de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos.
Cristina Auerbar Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, lo resume: “Pasta de Conchos visualiza la tragedia de la minería del carbón: las malas condiciones de seguridad de sus trabajadores, los salarios bajos, la pobreza en la que viven los mineros y la brutal indolencia del Estado y los empresarios”.
La mina pertenece a Industrial Minera México (IMMSA), del Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Con una fortuna estimada en los 17 mil 300 millones de dólares, Larrea Mota Velasco se ubica en el número 72 del ranking global de los hombres con mayor fortuna del mundo, según la lista Forbes 2018.
La compañía del multimillonario, quien semanas atrás acaparó la atención de los medios de comunicación porque –al igual que otros empresarios– llamó a sus empleados a votar contra Andrés Manuel López Obrador y contra un modelo económico populista, recibió la concesión para Pasta de Conchos en 2009, durante el Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.
LA MUJER QUE NI SIQUIERA SABÍA LLEGAR A LA MINA
Elvira Martínez arribó confusa y desorientada a las afueras de la mina de Pasta de Conchos ese sábado negro. Era la primera vez que visitaba el lugar. La joven madre no tenía ni el más mínimo conocimiento sobre minería. Jorge Bladimir Muñoz Delgado, su esposo, jamás le platicó acerca del trabajo. Él ganaba 95.30 pesos por jornada laboral, al menos así estaba registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2016. Ella no sabía siquiera el nombre de la mina, ni cómo llegar. Habían procreado tres hijos.
La tragedia y la batalla por el rescate han convertido a Elvira en una mujer que ahora conoce bien de minas. Sus días pasaron de ser un ama de casa que sólo atendía a su esposo y juntarse con matrimonios, a trámites y pugnas legales, investigación y documentación sobre la tragedia; capacitación de términos de minería y derechos humanos; todo ello al grado de que hoy es una de las autoras de “Carbón Rojo”, estudio emitido este año por Familia Pasta de Conchos.
Elvira Martínez Espinoza, acompañada legalmente por la defensora Cristina Auerbar Benavides, solicitó copia del expediente de la investigación de Pasta de Conchos en 2006. Claudia Maricela Escobar Pacheco, María de Lourdes Zapata Rodríguez y Rosa Riojas Hernández, todas viudas, se unieron a la petición. Pero la Contraloría Interna de la Secretaría del Trabajo clasificó como “confidencial” el expediente.
Elvira promovió el Juicio de Amparo 1233/2006, mismo que fue otorgado el 23 de enero de 2007 por el Juzgado Quinto en materia Administrativa en el Distrito Federal.
La demandante recibió un total de mil 343 fojas del expediente. Así es como OFPC tiene acceso a las Actas de Inspección Periódicas y Extraordinarias; los Emplazamientos del Sindicato Minero; Actas de Comprobación de Medidas Emplazadas; Actas de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, así como Actas y Asambleas Ordinarias y Extraordinarias desde que Grupo México llegó como Asarco a la región carbonífera.
Elvira ha luchado a contracorriente todo este tiempo, incluso –recuerda– familiares directos le han recomendado claudicar.
PRINCIPIO DE LA TRAGEDIA
19 de febrero de 2006. 02:30 horas: una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, de Industrial Minera México (IMMSA), filial del Grupo México, deja a 65 mineros atrapados.
Vicente Fox Quesada, presidente de la República, y Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, se deslindan.
La filial de Grupo México promete a los familiares pagar el triple del salario de los trabajadores atrapados.
Es viernes el 24 de febrero de 2006 y Xavier García de Quevedo, presidente de IMMSA, y el secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, anuncian que ya no hay condiciones de vida en la mina y declaran a los trabajadores muertos.
Los meses pasan. Nadie queda conforme. Así, llega el 23 de junio cuando encuentran el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna. Luego, en el Año Nuevo de 2007, hallan a José Manuel Peña Saucedo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite la primera recomendación al respecto el 17 de julio de 2006. El organismo concluye que existen violaciones a los derechos humanos ya que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permitieron a la empresa trabajar en condiciones de riesgo para la vida y salud de los empleados.
Un año después de la explosión, Grupo México suspende el rescate bajo el argumento de que era riesgoso continuar porque el agua podría tener “sida”:
“Explorar y rehabilitar esta área expone al personal de la mina a patógenos infecciosos, resultando como mínimo graves problemas gastrointestinales. No obstante, dependiendo de la salud de las víctimas, los trabajadores de rescate pueden estar expuestos a infecciones crónicas incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis. Esta exposición puede suponer severos riesgos para su salud, no solo al personal de la mina, sino a sus familias o en último de los casos, a la comunidad entera”, señala el estudio “Una evaluación de las operaciones de recuperación en la Mina Pasta de Conchos y Resultado de los futuros esfuerzos de recuperación”, decreta uno de los dos peritajes pagados por la empresa, y entregados a las familias la noche del 4 de abril del 2007. Un miércoles Santo.
Las familias son desalojadas de Pasta de Conchos de manera violenta por elementos policiacos enviados por el entonces gobernador Humberto Moreira el 1 de agosto de 2009.
Acompañados por la defensora Cristina Auerbach Benavides, los familiares de las víctimas emprenden una lucha legal contra la minera y el Estado mexicano. Ha nacido la Organización “Familia Pasta de Conchos”.
LA MINA SIEMPRE FUE RIESGOSA
Han pasado 4 mil 513 días desde la explosión. La Organización Familia Pasta de Conchos sostiene lo dicho desde un principio: “la muerte de los 65 mineros es el resultado de la no contención de los riesgos por parte de la avaricia de la empresas que no quieren invertir en seguridad y por la negligencia del Estado”.
La organización cuenta con un dictamen del IMSS sobre un programa de seguridad para Pasta de Conchos, en 1999, donde advertía que la alta tasa de accidentes en la mina era muy alta, explica Cristina Auerbar.
Además, las inspecciones realizadas en el año 2000 evidenciaban que la seguridad e higiene en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. La empresa no hizo nada al respecto.
“Pasta de Conchos no explotó por una caprichosa acumulación de gas, sino porque el sistema de ventilación era insuficiente y sólo necesitaba una chispa de los equipos eléctricos utilizados en la mina”, asevera Familia Pasta de Conchos en el informe Carbón Rojo publicado a inicios de 2018.
El estudio muestra testimonios de mineros del segundo turno y de sobrevivientes del tercer turno, quienes ese día reportaron problemas técnicos y la acumulación de mucho gas. Pero sus avisos fueron ignorados.
LA ESPERANZA SE AVIVA
El veterano minero Jesús Cárdenas González por un momento pensó que la enfermedad de su hijo Antonio Cárdenas Limón, quien estaba incapacitado por altos niveles de ácido úrico en una de sus piernas, lo habría salvado de la tragedia. Pronto se daría cuenta de lo equivocado que estaba.
El padre de José Antonio Cárdenas, uno de los 65 mineros atrapados, trabajó 37 años en las minas. Ahí sufrió tres accidentes graves. Explica que la escasez de opciones y oportunidades obligaba a los pobladores sin estudios a laborar en el sector metalúrgico sin detenerse a considerar los riesgos.
“En la mina tienes que ir a trabajar a donde te manden; donde hay peligro o no hay. Cuando hay un accidente, pues si te toca… ni modo, porque la ley de la vida es así: por delante va la necesidad”, expresa convencido.
La admisibilidad de la CIDH ha dado un nuevo respiro a las familias y una ligera esperanza.
Aunque saben que es un proceso largo asocian el logro con la posibilidad de que sus parientes les sean entregados.
“Ojalá que haya el rescate. Sí quisiera saber dónde se quedó mijo. Cuando menos que nos lo regresen sus restos, tarán enteros o hechos pedazos, pero primeramente queremos que haiga (sic) rescate porque nosotros no tenemos ninguna misión de nada, no queremos dinero, los padres no queremos dinero, sólo queremos saber dónde está”, afirma don Jesús.
A LA ESPERA DEL RESCATE
Trinidad Cantú, esposa y madre, es una mujer adulto mayor de voz serena y trato afable. Sus pequeñas y gruesas piernas dan pasos cortos y lentos, pero no han dejado de caminar buscando justicia desde 2006 por Raúl Villasana Cantú, su hijo fallecido en la mina.
Comenta que el día de la explosión, ella y su marido creían que en ese mismo momento iban a rescatar a los mineros:
“Pero pasaron las horas, los días… Nosotros seguíamos ahí plantados, sin movernos. No queríamos movernos porque decíamos que si los recataban, no nos vamos a dar cuenta. Entonces los días fueron pasando y no teníamos nada”.
Los afectados confiaron en que Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos iba hacer todo lo posible por rescatarlos. Esa fue justo una de sus primeras decepciones: pasaron los días, meses, un año; el rescate se suspendió y el sindicato no los defendió, relata la mujer.
A viudas, padres y hermanos de las víctimas les argumentaron que la explosión de Pasta de Conchos fue tan grande que los restos estaban totalmente desechos, pero la versión no tenía ningún sustento, dice doña Trini. Ella y don Raúl no lo aceptaron. Menos cuando sacaron a los dos únicos mineros rescatados: sus cuerpos no estaban calcinados.
El 30 de diciembre de 2008, la CNDH emitió la segunda recomendación en donde resuelve que se violaron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica. Además se violentó el ejercicio indebido de la función pública atribuible a servidores públicos de la PGR y en perjuicio de las familiares.
LOS MALDITOS 12 AÑOS
El pago de pensiones a las viudas de los mineros fue tramitado por el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés y Javier Lozano Alarcón antes de cumplirse el primer año del siniestro.
Moreira emitió las actas de defunción por “politraumatizado súbito, explosión en interior de mina súbito y derrumbe en interior de mina súbito”, como causa de muerte –aún sin saberla.
La fecha de muerte declarada en las actas que tramitó Moreira es el 19 de febrero. Esto provocó que el salario triple que dieron a las familias desde el siniestro no fuera válido a la hora de determinar la pensión, pues al declarar la muerte en esa fecha, se estableció la pensión con base al salario que tenían el día de la explosión.
Jorge Bladimir, esposo de Elvira, era de los 25 sindicalizados, tenía un salario de 93.50 pesos. Sin embargo los 36 obreros que estaban bajo el contratista General de Hulla recibían sólo 80 pesos por jornada laboral. Por lo tanto, las pensiones que recibieron las viudas fueron diferentes y con ese pago mínimo.
Grupo México jamás ha sido sancionada por la muerte de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos. “El caso permanece impune, pues ningún funcionario ha sido sancionado penalmente, aun cuando el propio Estado omitió garantizar que diversas fallas de seguridad detectadas en la mina antes del siniestro se subsanaran, como lo documentó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Recomendación 26/2006”, explicó la CIDH en febrero de 2018 al admitir el caso.
POR EL RESCATE DE PASTA DE CONCHOS
Se estima que en los pueblos de la región Carbonífera se mueven alrededor de 9 mil millones de pesos al año, tan sólo del carbón que se vende a la CFE; sin embargo, sus pobladores no ven esos beneficios del “desarrollo”.
Cristina explica la importancia del rescate de los mineros para sus familias.
“En la cultura está la idea de que el carbón es de las empresas o del Estado, la riqueza es para los dueños de las empresas y para el Estado. Lo único que tienen las familias es al propio familiar, entonces para ellos es inadmisible, ¡inadmisible! –recalca– que la empresa se quede con los restos […]. Entonces, la disputa desde el primer día hasta hoy, mañana y siempre van a ser los restos de Pasta de Conchos”.
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Grupo México dejó Nueva Rosita y la región el año pasado: “En diciembre anunciaron que van apagar las plantas y se van de aquí. Entonces ahora ya se van y van a dejar todo el tiradero. A ver, ¿cómo que se van?, ¿dónde están las autoridades para decir: no se pueden ir así nomás, sin resarcir el daño”, cuestiona la derechohumanista.
NEGLIGENCIAS DE LA EMPRESA
-El informe “Carbón Rojo” documenta y expone las negligencias de la empresa, las inspecciones que mostraban la falta de seguridad:
-Cómo la Secretaría de Trabajo toleró que la mina siguiera en función arriesgando a sus trabajadores.
-Y cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, meses antes había emplazado a la mina por las malas condiciones de seguridad.
-Y cómo dejó pasar la negligencia después de “vender” a sus representados.
