El anuncio de los detalles de la ley con la que los separatistas de Cataluña pretenden convocar un referéndum de autodeterminación elevó hoy la tensión con Madrid: la norma prevé la secesión inmediata de la región si en la votación prevista para el 1 de octubre gana el "sí" a la independencia.

"Podemos garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que el 1 de octubre votaremos", dijo el jefe del Gobierno regional, Carles Puigdemont, en un acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña, ubicado en Barcelona.

Desde el Gobierno español de Mariano Rajoy, opuesto a la consulta, no tardaron en reaccionar. "Al Estado le bastan 24 horas para recurrir" la ley del referéndum "y obtener su paralización", destacó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde los grupos de la oposición en Cataluña, los no independentistas, tildaron la presentación de la ley de "huida hacia adelante", "charla" y “performance".

"Ha sido el anuncio de un golpe de Estado al que pretenden darle forma democrática, que va contra la democracia y contra la libertad", llegó a decir el líder del Partido Popular (PP) de Rajoy en Cataluña, Xavier García Albiol.

Incluso el jefe del Estado español, el rey Felipe VI, mostró su preocupación "por la situación en Cataluña", según admitió hoy en su reunión con el líder de la oposición española, el socialista Pedro Sánchez.

Representantes de los grupos políticos catalanes Junts pel Sí y CUP, impulsores del desafío secesionista y mayoría en el Parlamento catalán, aseguraron que la llamada ley del referéndum, que será previsiblemente aprobada en agosto por la Cámara regional, es "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla.

Así, los independentistas pretenden garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos que colaboren en la organización y celebración de la hipotética consulta en Cataluña. "Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante", aseguraron hoy.

La norma, que no fija una participación mínima para que la consulta sea considerada vinculante, prevé que se declare de forma inmediata la independencia de Cataluña en caso de que en la votación gane el "sí" a la secesión, tras lo que se abriría un proceso constituyente que culminaría en una Constitución para la nueva república catalana.

El plazo para proclamar la independencia, según apuntaron los impulsores del referéndum, sería de 48 horas tras conocerse los resultados definitivos de la consulta. Si en ésta gana el "no" el jefe del Gobierno catalán disolvería el Parlamento regional y convocaría elecciones en la región.

El preámbulo de la llamada ley del referéndum invoca el derecho de autodeterminación, así como acuerdos y documentos de instituciones internacionales como Naciones Unidas (ONU) y el Tribunal de La Haya.

Pero desde el Gobierno de Rajoy han advertido en varias ocasiones de que impugnarán ante la Justicia su convocatoria, que consideran ilegal.

Así lo hicieron en 2014, cuando el Gobierno catalán convocó una consulta sobre la independencia de la región. La suspensión por parte del Tribunal Constitucional llevó al Ejecutivo a organizar finalmente una votación no oficial bajo el apelativo de "proceso participativo”.

Más de dos millones de personas -de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña- acudieron a las urnas entonces pese a que el Constitucional también suspendió esta segunda consulta. El entonces presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, fue condenado a dos años de inhabilitación política por desobediencia a la Justicia.

La tensión por el referéndum catalán se coló en las últimas horas en las filas de los propios independentistas. Las declaraciones de un responsable del Gobierno catalán, Jordi Baiget, expresando sus dudas sobre la celebración de la votación le costó la destitución, lo que provocó un gran malestar en el partido PDeCAT, el del Puigdemont.

Por otra parte, el Gobierno español envió a los Ayuntamientos catalanes una carta en la que les pidió su "colaboración" para garantizar "el respeto a la legalidad" y les recordó que la convocatoria de un referéndum "atenta" contra la Constitución.

El pulso independentista catalán ha ido escalando desde que en 2010 el Constitucional español decidió anular algunos puntos del nuevo Estatuto de Autonomía catalán, una suerte de Constitución regional.

El reclamo de una independencia del resto de España fue ganando peso político y se centró sobre todo en el intento de celebrar un referéndum soberanista, una de las promesas electorales para esta legislatura del presidente del Gobierno catalán.