CDMX.- Las cifras lo dicen. Gran parte de la violencia que se vive actualmente es el resultado de una mala estrategia durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Uno de los varios errores fue declararle la guerra al crimen organizado, según afirma Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Desde su oficina en Constituyentes, en la Ciudad de México, el comisionado comenta que durante la administración pasada casi se triplicó la cifra de homicidios por cada 100 mil habitantes y asegura que actualmente se trabaja para disminuirla, pero la percepción de la población sobre la inseguridad ha aumentado.

En entrevista con El Universal, el funcionario habla sobre el control del crimen organizado al interior de algunas prisiones estatales, desde donde se orquestan secuestros, extorsiones y muchos otros delitos.

Sales Heredia toca otro punto importante para la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que es la dignificación de la policía y el respeto a sus derechos humanos. Por eso llama a que se reforme el artículo 123 de la Constitución mexicana y se deje de discriminar a los operadores del sistema de justicia penal.

La percepción de la población es que la violencia y la inseguridad se mantienen o van en aumento. ¿Qué está pasando?
—La percepción de inseguridad ha crecido, pero, hay que decirlo con toda claridad, uno es el delito y otro el miedo al delito. Son cosas diferentes.

La Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del INEGI nos dice que la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en 2015 fue de 35 mil 497, cifra estadísticamente inferior a lo estimado en 2014, que fue de 41 mil 655, y en 2013, de 41 mil 663.

Hay que ver con claridad cómo estábamos, en dónde nos encontrábamos al inicio de la administración, y en dónde se encontraba el país al inicio de la administración anterior

¿La percepción de inseguridad sí aumentó?
—Sí, y por eso hay que trabajar.

¿Qué cárteles están operando en el país?
—Nosotros no hablamos de cárteles. Parte de la nueva estrategia, de la narrativa, es no mencionarlos, no hacerlos ver como si fueran entidades al nivel del Estado. Son personas que cometen delitos que hay que investigar, capturar, procesar y sancionar. No son enemigos.

Uno de los grandes errores, a mi juicio, de estrategias pasadas es considerar que los delincuentes son enemigos, es darles rango de beligerancia. Son simples y vulgares delincuentes.

¿Entonces esa frase de “guerra contra el narcotráfico” fue mal empleada?
—Muy mal empleada, y generó, en buena parte, consecuencias como las que ya vimos.

¿Pero sí tienen una gran estructura las organizaciones criminales?
—Son estructuras golpeadas que se atomizan. Por supuesto que tienen armas de alto poder, hay que tener extremo cuidado en los operativos. Hay que ser capaces de capturarlos con toda la coordinación del gabinete de seguridad.

¿Qué hacer cuando las fuerzas armadas y de seguridad se enfrentan a los criminales con armamento superior y ustedes no pueden emplear ese tipo de armas?
—Hay niveles para el uso de la fuerza. Se puede hacer uso de la fuerza letal cuando no hay otra solución, cuando no hay otra vía. 

De acuerdo con esa tarjeta, ¿en Tanhuato fue ejecución o respondieron a un ataque?
—No me corresponde a mí determinar qué fue lo que pasó, le corresponde a la fiscalía 

¿Difícilmente se habla de los derechos de las Fuerzas Armadas y de seguridad?
—Se olvida en muchas ocasiones que los policías son personas que arriesgan cotidianamente la vida en función de otras que protegen.

Lo que decimos es que si vamos a exigirles a nuestros policías que respeten los derechos tenemos que empezar por respetar sus derechos, por considerar que las corporaciones policiacas deben ser dignificadas, valoradas en lo que son.

¿Todavía está la invitación a la CNDH para que los acompañe a los operativos?
—Por supuesto, nosotros invitamos a la Comisión a que nos acompañe. Hay un diputado que propuso que se norme y estaremos de acuerdo con que validen que estamos actuando conforme a la ley.

El sistema penitenciario en el país vive una situación delicada, sobre todo las prisiones estatales. ¿Qué hacer?
—Tomar conciencia de que es un eslabón importantísimo en el sistema de justicia penal.
Nosotros nos encargamos en cada reunión con los gobernadores (de indicarles) que su sistema penitenciario es clave. Les insistimos en hacer movimientos de algunos internos que puedan representar riesgos.

No puede ser que algunas cárceles sean todavía controladas por la delincuencia.

¿Conductas fuera de la ley y sus protocolos serán tolerados?
—De ninguna manera. En el interior de la policía tenemos la Unidad de Asuntos Internos y la Inspectoría, que se encarga de revisar conductas. Más de 300 policías han sido sancionados.