En medio de la polémica por las declaraciones del gobernador Miguel Riquelme y el director de la CFE, Manuel Barttet, tras el accidente en la mina Micarán, del ejido Ranchería, de Múzquiz; un dato que sale a relucir es que hasta 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente tenía 24 inspectores para revisar a toda la industria de competencia federal, incluida la minería.

Además, de acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados respecto a los ahorros del Gobierno Federal 2020, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) fue de las que más reducción tuvo en Gastos de Operación (59 por ciento de su presupuesto a nivel nacional), es decir, no solamente hay pocos inspectores, sino que la misma dependencia se contrajo en su gasto para operar.

En el caso de Coahuila no existe delegado formalmente desde el inicio de la presente administración; María Teresa Melchor funge como encargada del despacho.

En medio de la pandemia y la reactivación económica, VANGUARDIA solicitó el número de inspectores de la STyPS y se dio a conocer que son sólo 24 para toda la entidad.

Tan sólo en minería, la Comisión Federal de Electricidad avaló a 74 empresas como proveedoras de un padrón inicial de 126 minas de carbón, entre pequeñas, medianas y grandes, las cuales tuvieron que haber sido inspeccionadas, antes de obtener el contrato para proveer del mineral.

Sin embargo esos 24 inspectores tienen además que revisar las industrias textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, metalurgia y siderurgia, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, productoras de alimentos, elaboradoras de bebidas, ferrocarrilera, maderera básica, vidriera, tabacalera, servicios de banca.

Además los 24 inspectores también tienen la obligación de supervisar la industria paraestatal, todo tipo de concesiones federales, y los trabajos que se realicen en zonas federales.

La sobrecarga para 24 inspectores repartidos en la entidad es evidente y su funcionamiento es a través de una programación de inspecciones, sin embargo, las fallas en la mina de Rancherías se habían advertido y siguió en funcionamiento.

Sigue FGE integrando carpeta por tragedia
Por: JOSÉ REYES

La Fiscalía General del Estado aún se encuentra integrando la carpeta de investigación sobre los hechos acontecidos en una mina de la Región Carbonífera, por lo que no se ha presentado la denuncia sobre posibles hechos delictivos.

Gerardo Márquez, titular de la dependencia, señaló que aún se están realizando peritajes topográficos, por la inundación en la mina Micarán, del ejido de Rancherías, en Múzquiz.

“Estamos concluyendo algunas diligencias, particularmente la pericial topográfica, que tiene que ver con las mediciones del lugar; ésta fue realizada por un topógrafo de la Fiscalía General del Estado. El trabajo de campo falta que lo materialice con drones y está a punto de emitir su dictamen”, explicó.

Márquez Guevara señaló que hay dos vertientes sobre las que podría apuntar los hechos: que fueron provocados naturalmente o a una posible omisión de cuidados de parte de los responsables de la mina. Aclaró que el propietario de la mina no se encuentra prófugo, pues se encuentra ubicado y ha estado colaborando.

El Fiscal aclaró que al renglón federal corresponde determinar si el sitio se encontraba en las condiciones requeridas por la ley para su funcionamiento.