El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), reveló que en octubre del año pasado presentó una queja ante las autoridades federales por las “terribles condiciones” de la mina de Múzquiz, donde quedaron atrapados siete trabajadores.

En una carta con fotografías entregada al titular de la Comisión Federal de Electricidad, se advirtió de esa situación generalizada, con el ejemplo particular de la mina de Múzquiz, donde ofrecieron reunirse para aportar su trabajo y encontrar maneras de proteger la integridad de los mineros. Sin embargo, nunca se obtuvo respuesta.

Esta denuncia fue presentada por la organización Familia Pasta de Conchos, formada por familiares de las víctimas de un accidente minero ocurrido en la zona en 2006, las cuales cuentan con el asesoramiento del Centro ProDH.

“La importancia de las medidas de no repetición, que buscan corregir las deficiencias estructurales que dan lugar a estas afectaciones a la vida de los trabajadores, se ilustra con dolorosa claridad en el caso de la familia del minero Pedro Ramírez, que antes de perderlo en la mina de Múzquiz ya había perdido a dos familiares en el siniestro de Pasta de Conchos y uno más en otras cuevas inundadas hace dos años”, dio a conocer el organismo en el comunicado.

Señaló que las familias peticionarias siguen viviendo y, en algunos casos, trabajando en el carbón, y les resulta prioritario garantizar que su comunidad no vuelva a sufrir más perdidas de este tipo.

Sin embargo, al día de hoy dichas condiciones ilegales de trabajo siguen siendo generalizadas en la mayoría de las empresas asentadas en la zona e incluyen la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, aseguraron, así como la falta de registro de todos los trabajadores ante el IMSS, con lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en el desamparo.

“A pesar de esto, los empresarios del carbón han logrado mantener su operación, burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que, todo el carbón mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, reiteró la Familia Pasta de Conchos. 

Propone, asimismo, la elaboración de un “Protocolo nacional de salvamento minero” que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero, y por último, una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores.

Para evitar nuevas tragedias, Familia Pasta de Conchos pide:

La prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón.

El compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería.

Revisión de todos los contratos asignados.

La cancelación de títulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas.