CDMX.- Como consecuencia del arresto en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador revisa la utilidad de la cooperación con la DEA y plantea solicitar a Washington la extradición a México de capos estadunidenses.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, asegura que ya se revisa el hermetismo que la DEA guardó en torno al caso de Cienfuegos y si esto ponderaría la colaboración antidrogas con Estados Unidos.

El funcionario explicó que la cooperación no se frenará pero que se cambiarán el fundamento para la misma. Primero, tendrán que esperar a que se den las elecciones del 3 de noviembre en aquél país.

La aprehensión y proceso judicial en Estados Unidos de Cienfuegos pautará un antes y después en torno a la cooperación bilateral para combatir el trasiego internacional de drogas y el lavado de dinero.

Esto afectará el destino de los 54 agentes de la DEA que tienen total libertad para operar en México.

Ebrard no busca tener algún conflicto con sus palabras, por tal motivo, afirma que la única voz que pueda dar una postura sobre el impacto en esta conexión entre ambos países es la del presidente de la República.

Hace siete días, durante la “mañanera”, López Obrador dijo que el gobierno de Estados Unidos nunca reveló que hubiera una investigación sobre el extitular de la Sedena durante su estancia en el gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto.

Áspera relación

La Administración Federal Antidrogas y el gobierno mexicano ya tenían conflictos desde marzo del presente año.

Fue el 17 de ese mes cuando Ebrard y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, mandaron un escrito a William Barr, procurador general de Justicia en el gobierno de Donald Trump, donde pedían información sobre la existencia de cárteles de Estados Unidos que operaban de manera independiente de organizaciones en México.

En dicha misiva, el titular de la SRE y de Seguridad Ciudadana usaron como referencia el reportaje publicado el 9 de febrero de Proceso, señalan a Barr, quien fue entrevistado para la investigación “Cárteles Domésticos, el nuevo problema de EU” mencionó que Polo Ruiz, jefe interino de la oficina de la DEA en Arizona, acepta que ya hay cárteles independientes operando en territorio norteamericano.

La aceptación de la DEA sobre la existencia de cárteles domésticos en Estados Unidos provoca que haya ajustes con su política antidrogas, un cambio tradicional de Washington que pone a sus consumidores como víctimas de los narcos de México y de otros países de América Latina, los cuales, afirman, actúan en complicidad con policías, militares y políticos corruptos.

Ebrard Casaubón aseguró que se está investigando este tema por medio del gabinete de seguridad y de la Fiscalía General de la República. Se revisa el tráfico de armas, distribución, flujo de recursos y venta de drogas pues, agrega el canciller, estas acciones no tienen explicación sin la participación de organizaciones criminales norteamericanas.

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Las autoridades mexicanas lo tienen claro: buscan la extradición de narcos estadunidenses, petición que forma parte de la cooperación antidroga con Estados Unidos.

Misma razón y exigencia de Washington a la SRE donde les pide que entreguen capos y expolíticos del país. Ebrard y Durazo son enfáticos en que la existencia de células delictivas estadunidenses obliga a los dos países a que compartan información de inteligencia y se fortalezca la cooperación por medio del Grupo de Alto Nivel en Materia de Seguridad.

Seis antes de ser enviada la carta, el gobierno de Trump reveló los resultados de dicha operación contra narcotraficantes que se vinculan al CJNG. Con bombo y platillo la DEA y el Departamento de Justicia anuncian, en Miami, la captura de 750 individuos, decomisan varias toneladas de drogas ilícitas y millones de dólares en efectivo.

¿La justificación? La acción impactaba al Cartel Jalisco, el cual es comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Barr gana tiempo

Un mes después, el 13 de abril, Barr respondió a cuenta gotas y ganando tiempo, la misiva de Ebrard y Durazo, aprovechando la crisis que se vivía por el COVID-19.

Este intercambio de información ocurre diariamente para poder avanzar y ampliar las investigaciones en ambos países”, sostuvo Barr en su carta, donde nunca reveló la información solicitada por los “cárteles gringos”.

Tras la respuesta, el gobierno de López Obrador no ha recibido los nombres de los capos para eventualmente pedirlos en extradición al Departamento de Estado.

Desde ese 13 de abril, fecha de la carta de Barr, se llevaron a cabo reuniones en la Ciudad de México de funcionarios y agentes estadunidenses con sus contrapartes mexicanos.

El pasado 29 de septiembre arribó a la Ciudad de México Timothy J. Shea, jefe de la DEA, quien se reunió con representantes de la Presidencia, SRE, SPC, Gobernación y la GN, para hablar sobre la cooperación bilateral y la Operación Pitón.

Sin embargo, Shea nunca reveló la Operación Padrino, la cual provocó la detención de Cienfuegos, ni un expediente judicial sellado ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde se acusa al general de tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero.

La explicación

Barr detalló a Ebrard y Durazo que la operación utiliza todas las capacidades de la DEA para atacar el comando y control del CJNG.

Ebrard no reveló si reducirían los 54 agentes de la DEA en México o si serían expulsados, insistió en que, cuando concluyan las elecciones en Estados Unidos, el gobierno dará a conocer los lineamientos de la cooperación antidrogas con aquél país. Sin embargo, Marcelo Ebrard asegura que la decisión tomada por AMLO no será modificada gane Joe Biden o se reelija a Trump.  Con información de Proceso