Desde 2009, las vacunas utilizadas en la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina se compraron a las empresas Corporativo Dequivamed y Grupo Dequivamed, cuyo accionista mayoritario es Emilio Escalante Méndez, quien ha recibido contratos por mil 102 millones de pesos por parte de gobiernos estatales, de la Ciudad de México y de la paraestatal Birmex.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por nueve años, Escalante Méndez tuvo asegurados contratos públicos que obtuvo sin competir, en los que él decidió los precios a los que vendió las vacunas al gobierno.

El distribuidor de vacunas antirrábicas se benefició del anexo técnico de los lineamientos de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, cuyas especificaciones solicitadas solo las tenían los productos de Dequivamed.

MCCI obtuvo copia de al menos 116 contratos que gobiernos estatales y de la Ciudad de México han otorgado a las distribuidoras de Emilio Escalante desde 2009, aunque el número podría ser mayor, ya que algunas entidades como Durango o Colima solo entregaron contratos correspondientes a un año.

89 de los contratos fueron entregados a la empresa por adjudicación directa con argumentos como la “urgencia” de cumplir con las metas de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, hasta los “derechos exclusivos” que tienen las distribuidoras de Escalante.

El estado que más ha pagado por la vacuna es Tabasco: de acuerdo con MCCI, la entidad compró en 2017 cada frasco de 20 dosis a 500.50, mientras que ese mismo año Baja California Sur pagó 231.50 pesos por frasco.

Otros estados que compraron cara la vacuna fueron el Estado de México, que pagó 416 pesos por frasco; Nayarit, que destinó 470 pesos por la misma dosis, y Puebla, que lo compró en 440 pesos.

Además de las vacunas, cada año la distribuidora de Escalante vende también a los gobiernos un kit que incluye jeringas, certificados de vacunación, cinchos y placas de plástico para la identificación de perros vacunados.

A pesar de que desde 2014 se detectó que este anexo técnico beneficiaba a la distribuidora Dequivamed, fue hasta principios de 2018 cuando el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) cambió el contenido del documento.

En entrevista con MCCI, Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Jesús Felipe González Roldán, director general del Cenaprece, remarcaron que la responsabilidad de decidir a quién comprar las vacunas es de los gobiernos estatales.

Sin embargo, reconocieron que el cambio en el anexo técnico realizado en 2018 se dio porque el anterior beneficiaba a una sola empresa.

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