Saltillo.- Tras un año de ocurrido el suceso, el caso judicial que se inició contra un elemento de la Fiscalía General del Estado por el homicidio de un migrante hondureño que puso a Saltillo en la mira de la ONU, podría reanudarse en este mes de agosto.
 
Fue el 31 de julio del año pasado, cuando Marco Tulio transitaba con su hija y otro grupo de personas migrantes cerca de las vías del tren al surponiente de Saltillo, cuando los policías investigadores abrieron fuego en su contra arrebatándole la vida y después inculpándolo de haber iniciado el enfrentamiento. 

Un año después, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el caso para el que se había otorgado un plazo de investigación complementaria de seis meses, fue retrasado debido a las prórrogas que fueron solicitadas para ampliar los elementos de prueba y posteriormente, por la suspensión que trajo la pandemia. 

“Hay que recordar que se suspendieron los plazos jurídicos por la contingencia y se reanudan en agosto, por lo que se espera que sea la audiencia intermedia donde se desahogarán los medios de prueba por parte del Ministerio Público  y los que pueda tener por  la defensa”, informó el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

En ese sentido, detalló que después del período vacacional que también se llevó a cabo por el Poder Judicial, se espera que en este mes continúe la audiencia intermedia. 

Por otro lado, aseguró que hasta el día de hoy no ha concluido la investigación interna que se ha realizado contra otros cinco elementos por haber tenido presunta relación con el homicidio y lo ocurrido alrededor del crimen, sin embargo, dijo que estos continúan todavía bajo suspensión y con un ingreso de sueldo del 30 por ciento. 

Agregó, que sobre esta investigación son cinco los otros elementos que permanecen bajo investigación a los que se les atribuyen posibles actos de negligencia, falta de previsión y  cuidado de la escena del crimen, que implican un delito de alteración de la escena.

Por dicho detalle, dijo que este es un delito de menor gravedad según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, de encontrar que sí las cometieron, serían llevados a un proceso judicial que se lleva a cabo en libertad.