Michoacán, Baja California y Nuevo León son los estados con más observaciones en las que se presume un probable daño o perjuicio al erario, de acuerdo con la primera entrega del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

En el balance del gasto federalizado de las acciones promovidas por fondos y programas de la cuenta pública, Michoacán registró 87 acciones; seguido de Baja California, con 83, y Nuevo León tuvo 82, todos en diversos programas.

El monto observado de estos tres estados sumó cuatro mil 323 millones de pesos (mdp): Michoacán es el que registró la suma mayor, con tres mil 13.6 mdp de una muestra auditada de 51.4%; mientras que Baja California tuvo 862.5 mdp, de 25.3 por ciento auditado, y Nuevo León, con 446.9 mdp, de 8% del total a fiscalizar.

El gasto federalizado se integra por los recursos federales transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los cuales representan la mayor parte de los ingresos totales de los gobiernos locales, ya que en el caso de las entidades federativas significan alrededor de 90% de los mismos, y en los municipios ese porcentaje es, en promedio, 65%, aunque en aquellos con mayor grado de marginación constituyen 90% o más”, precisó el informe de la Auditoría Superior de la Federación.

Ante este panorama, los gobernadores Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez y Francisco Vega deberán solventar las observaciones sujetas a dichos incidentes, de lo contrario se daría inicio al procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitorias a servidores públicos.

En 2016, el gasto federalizado programable de un billón 87 mil 883.2 millones de pesos se distribuyó entre las entidades federativas mediante 104 fondos y programas federales, de los cuales diez correspondieron a las Aportaciones Federales, 72 a convenios de descentralización y reasignación y 22 a subsidios.

En la primera etapa fueron concluidas 367 auditorías, que corresponden a 27.6 por ciento del total de las auditorías programadas por realizar. El total de las auditorías concluidas fueron practicadas de manera directa por la ASF.

De las 367 auditorías concluidas, 126 correspondieron a las aportaciones federales; 102 a convenios de descentralización y 78 a subsidios. Asimismo, se efectuaron 28 auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño, 28 a la Participación Social y cinco a la Contraloría Social.

La muestra auditada al primer corte es solamente de 16.9 por ciento del total fiscalizable, por lo que se espera que en octubre próximo se haga entrega del segundo avance y se concluya finalmente en febrero de 2018.