Can Dündar, periodista turco, recibió esta semana en Durban el “Golden Pen Award” de la World Association of Newspapers (WAN/IFRA por sus siglas en inglés), en el marco del Congreso Mundial 2017 #WNC17.

Dündar fue exiliado de su país por sus publicaciones críticas y su trabajo de investigación sobre la corrupción del gobierno turco. En 2016 sufrió un atentado mientras atendía un juicio de cadena perpetua. Ya había pasado algún tiempo en prisión preventiva.

Compartí con Dündar una mesa de libertad de expresión. Su participación fue implacable: Turquía es la cárcel de periodistas más grande del mundo.

Pero como señaló Guy Berger, responsable de libertad de expresión de la UNESCO, lo único peor que un periodista en la cárcel es un periodista muerto. 

Por eso el caso de Javier Valdez, asesinado en Culiacán está en los ojos del mundo. Porque es el ejemplo perfecto y doloroso de la crisis de seguridad que viven los periodistas en México. Porque ilustra la ineptitud de un gobierno que simula protegerlos gastando dinero y haciendo reuniones sin ninguna efectividad.

En todas las mesas y espacios de este foro mundial, la exigencia al Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido contundente: el asesinato de periodistas en México tiene que parar. 

Javier no puede ser un caso más de impunidad, pero sí debe ser el último de esa ominosa lista que nos ubica como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo: más de cien periodistas asesinados desde el año 2000.

Me lo dijo una compañera filipina: “Si viviera en México no sería periodista”. Debo reconocer que la frase me dolió. ¡Así de mal nos ven desde afuera!

En ese sentido, una idea se ha empezado a cocinar en este foro y al interior de las organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de expresión y el periodismo: declarar el 2 de Noviembre como el Día Mundial para poner fin a la impunidad en ataques a periodistas. 

El objetivo es ambicioso, pero no sucederá por arte de magia. Hay mucho que trabajar en dos sentidos en la esfera nacional. Primero, la exigencia y el diálogo firme con el gobierno para que asuma su responsabilidad en dos vertientes: 1) proteger a los periodistas y los medios ante los embates de la clase política y el crimen organizado; y 2) reducir la tasa de impunidad que es casi absoluta (99.75%) en este tipo de agresiones.

Segundo, asegurar que medios y periodistas en México comencemos a colaborar de manera flexible con el objetivo de protegernos mejor desde tres perspectivas de seguridad: física, digital y sicológica. 

Por eso hay que aplaudir, pero sobre todo participar en las mesas de Agendadeperiodistas.mx. Hasta el momento se han sumado cientos de periodistas y decenas de organizaciones de medios y sociedad civil para discutir y alcanzar consensos con una prioridad muy clara: cómo mantenemos a nuestros periodistas vivos sin que tengan que abandonar su oficio, por crítico o incómodo que resulte a los poderes facticos de este país.

Son ya tres semanas del asesinato de Javier. En Sinaloa las protestas se han mantenido de manera cada vez más organizada. Colectivos de la sociedad civil han hecho suya la indignación a través de actividades artísticas y culturales, así como intervenciones urbanas para mantener la exigencia de justicia a la Fiscalía Local que preside Juan José Ríos Estavillo y al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel. El desenlace –o no- del caso de Javier marcará sus carreras para bien o para mal.