El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) informar la cantidad de casos de cohecho que han sido documentados en México, incluida la información que tiene que ver con el caso Odebrecht, esto en cumplimiento a la Convención Anti-cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al presentar el recurso ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez recordó que Odebrecht es uno de los casos de cohecho internacional más prominentes de los últimos años, pues involucra el pago de la compañía a funcionarios públicos para obtener contratos de obra pública en países de América Latina y África, entre ellos México.

Esta información, dijo, permitirá a la sociedad evaluar el desempeño de las autoridades competentes para controlar la corrupción y es una vía para que el nuevo gobierno federal conozca el estado en que recibe la administración.

“La utilidad de la información pública va más allá de la rendición de cuentas, puede servir para que las nuevas autoridades y la ciudadanía colaboren entre sí para asegurar que casos como Odebrecht no ocurrirán con impunidad ni se repetirán”, subrayó.

El particular interesado en conocer la información de los casos de cohecho en México, presentó un recurso de revisión ante el INAI, debido a que la SFP la clasificó con el argumento de que fue entregada por la OCDE con el carácter de confidencial, por lo que revelarla podría menoscabar las negociaciones o relaciones internacionales.

Sin embargo, en el análisis del caso, se advirtió que la información solicitada es de carácter estadístico y solo es parte de la información documentada en la Matriz de Posibles Casos de Cohecho, y no la Matriz en sí, por lo que no contiene datos que hagan identificables a las personas que pudieron haber cometido el delito en cuestión.

Salas Suárez resaltó que clasificar esta información contraviene el objeto mismo de la Convención Anti-cohecho de la OCDE, que es promover políticas públicas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, pues sin conocer datos estadísticos no puede establecerse parámetros de rendición de cuentas que evidencien el cumplimiento de los Estados parte con los acuerdos suscritos.

“Esto es una amenaza para el desarrollo económico y las instituciones democráticas de cada país. En primer lugar, impide que las empresas puedan competir en un plano de igualdad. En segundo lugar, infla las ganancias de una empresa a costa de recursos públicos que debieron gastarse para financiar servicios públicos como caminos, agua, electricidad, hospitales o escuelas”, indicó.

Al respecto, la Secretaría de la Función Pública respondió en un comunicado al INAI que entregará los datos estadísticos de México, que están en la matriz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), relativa a los posibles casos que comparte con países que integran la Convención Anticohecho. 

Sin embargo, aclaró que en principio se reservó la información solicitada porque se recibió de origen con carácter de confidencial, por parte de la OCDE. 

La matriz de probables casos de cohecho involucra o compete a dos o más estados, "por lo que hacerla pública podría generar consecuencias o efectos, directos o indirectos, para todas o alguna de las partes. Cualquier estadística atiende temas de otros estados, no solamente a los del caso mexicano", argumentó. 

Agregó que ha difundido la información de casos de cohecho, como las son las evaluaciones realizadas a México.