Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

La transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a una Fiscalía General de la República autónoma e independiente podría alargarse hasta 2027. Además, cualquier reforma constitucional que pretenda hacerse para, por ejemplo, modificar el nombramiento del fiscal, no sería posible en al menos dos años.

Esto es parte de un predictamen elaborado por legisladores de las comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado – con mayoría de Morena – para la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Este predictamen, del que Animal Político tiene copia, no es definitivo y aún está sujeto a modificaciones. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales agrupadas en el colectivo #FiscalíaQueSirva denunciaron en un comunicado que el documento no respeta la propuesta de ley planteada con el gobierno de transición que fue resultado de 15 mesas de trabajo.

“Estamos ante el riesgo inminente de que solo tengamos un cambio de nombre de la PGR a Fiscalía, como ha ocurrido en muchos estados. El problema de fondo es que no hay comunicación ni transparencia de los legisladores, no sabemos cuándo se presentará el dictamen definitivo, No se está respetando el espíritu ni la profundidad del cambio que se busca y que incluso fue platicado con el propio gobierno de transición”, dijo Edgar Corte, integrante y vocero del colectivo.

Cabe recordar que desde 2014 se aprobó una reforma constitucional que plantea la transformación de la PGR en una Fiscalía Autónoma, separada del Poder Ejecutivo, y con un patrimonio propio. Pero para que ese cambio se concrete se necesita que el Congreso expida la Ley Orgánica de la nueva Fiscalía que abrogue la actual ley de la actual PGR.

En septiembre pasado el colectivo Fiscalía que Sirva presentó en el Senado una propuesta de Ley Orgánica, elaborada de forma conjunta con académicos, especialistas y el gobierno de transición, con la intención de que se convirtiera en la ley aprobada. Pero el predictamen elaborado por los legisladores, y que se estaría discutiendo en los próximos días, incluye modificaciones que según los activistas pone en riesgo todo el proceso.

A continuación Animal Político destaca los principales cambios:

-Una transición de nueve años

El proyecto de dictamen, presentado en septiembre por Fiscalía que Sirva, planteaba en su artículo segundo transitorio que, en cuanto entrara en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General (un día después de su publicación en el DOF), se abrogaría en automático la Ley Orgánica de PGR. Con ello desaparecería la Procuraduría.

En cambio, el predictamen elaborado por los legisladores plantea lo que denomina “una abrogación paulatina” de la Ley Orgánica de PGR, y establece un plazo de nueve años (hasta 2027) para que se culmine con dicha abrogación. Pese a ello añade que la Fiscalía será declarada autónoma de manera inmediata aun cuando la abrogación de la PGR no se haya culminado.

En opinión de Edgar Cortez esto abre la puerta a un riesgo meramente cosmético. “No se ha entendido que esto se trata de una transformación de fondo, que requiere cambios profundos. No solo expedir una ley por hacerlo o cambiar un nombre” dijo.

-Reformas, hasta dentro de dos años

Académicos y activistas han insistido en la necesidad de reformar la constitución para darle mayor autonomía a la fiscalía y modificar procesos como el nombramiento del fiscal. Es por ello que en la iniciativa presentada en septiembre tras las mesas de trabajo, se planteó que un año después de la entrada en vigor de la Ley General de la Fiscalía General se convocaría a una revisión pública del marco constitucional.

El artículo decimotercero transitorio de esa iniciativa detallaba además un amplio abanico de temas que se revisarían en dicha convocatoria y serían susceptibles de las modificaciones constitucionales que tuvieran que hacerse.

Pero en el predictamen de los legisladores se amplió a dos años el plazo para comenzar con la consulta pública sobre las reformas constitucionales.

-Catálogo de faltas graves eliminado

El artículo 26 del proyecto de ley que trabajaron los activistas de Fiscalía Que Sirva y el gobierno de transición establecía un catálogo de 16 “faltas graves” en que podrían incurrir los funcionarios de la fiscalía general y que ameritarían, por lo menos, su destitución. Entre ese catálogo se encontraba, por ejemplo, actuar con negligencia, retrasar o perjudicar una investigación, negar u obstaculizar algún derecho de las víctimas.

En el predictamen de los legisladores dicho artículo desapareció. La justificación que las comisiones dictaminadoras establecieron es que la Constitución y la Ley de Responsabilidades Administrativas ya hacen referencia a faltas en que pueden incurrir los funcionarios, por lo que consideraron que no puede definirse un catálogo distinto.

-Incumplir plan, ya no es causa de remoción

El artículo 18 del proyecto presentado en septiembre establecía que el incumplir sistemáticamente con los objetivos del plan de persecución penal era una causa válida para remover al fiscal general.

El referido plan es la estrategia que tiene que definir el titular de la Fiscalía para abatir la incidencia delictiva, con metas específicos e indicadores para evaluarlo.

El predictamen elaborado por las comisiones del Congreso simplemente elimina el incumplimiento de los objetivos del plan de persecución penal como una causa para la remoción del Fiscal general.

-Acotan intervención de Consejo Ciudadano

La propuesta pactada por Fiscalía Que Sirva y el gobierno de transición planteaba la creación de un Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía General que, entre otras cosas, tenía la capacidad de emitir recomendaciones a la institución, intervenir en la revisión y nombramiento de fiscales especiales. Estaría encabezado por cinco personas nombradas por un Comité de Designaciones independiente.

El predictamen de los legisladores remueve el carácter de técnico al consejo, establece que su función es honorífica, y subraya que si bien sus recomendaciones son públicas “no serán vinculantes”, es decir, el fiscal general no tiene obligación alguna de aplicarlas. También se elimina la participación del consejo en la designación de fiscales especiales.

Otra diferencia es que la propuesta de las comisiones del Congreso establece que los integrantes de dicho consejo serán además elegidos por el Senado.

-Quitan piso mínimo a presupuesto

El artículo 63 del proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General elaborado en las mesas de trabajo de los especialistas, y presentado por el colectivo Fiscalía Que Sirva, establecía un piso mínimo que garantizaba recursos para la Fiscalía: el presupuesto anual de la institución en ningún caso podrá ser inferior al del año anterior.

En cambio, el pre-dictamen de los legisladores elimina dicho candado para el presupuesto mínimo de la institución. Y no solo eso, en los artículos transitorios se establece que sus recursos estarán sujetos a las medidas de austeridad del Estado.

-Remoción de los fiscales incompleta

La propuesta presentada en septiembre no abunda en el tema de la remoción de los fiscales pero el pre-dictamen de los legisladores subraya que es facultad del Fiscal General remover a los fiscales especializados y que debe enviar al Senado una explicación al respecto para que este, si lo considera, objete dicha decisión. Pero no define ningún plazo para que esto suceda.

Los especialistas del colectivo proponen que se modifique en el dictamen final esta redacción, sobretodo porque el artículo 102 de la Constitución subraya que la ley debe fijar los plazos. En ese sentido, se sugiere que se incluya la obligación del fiscal de avisar al Senado de forma “inmediata” cuando remueva al fiscal, y que se defina un plazo de 30 días para que la Cámara Alta presente una objeción si lo considera.

Escuchan a especialistas ya con dictamen avanzado.... Lee la nota completa en Animal Político