Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

La ineficacia de la Procuraduría General de la República (PGR) para integrar investigaciones exitosas se ha disparado en el actual sexenio. Mientras que en 2013 los jueces federales desechaban o devolvían solo el 13 por ciento de los casos que consignaba la dependencia, en 2018 ese porcentaje rebasa el 80 por ciento.

Además, la Procuraduría se ha hecho más lenta para integrar y resolver casos – hoy el promedio es de más de tres años por expediente- mientras que la cantidad de órdenes de aprehensión que sus agentes cumplen ha caído casi 50 por ciento.

Este es el panorama que arrojan los indicadores contenidos en los anexos técnicos del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, correspondientes al Programa Nacional de Justicia 2013 – 2018.

Una de las metas establecidas para 2018, dentro del referido programa, era que los jueces devolvieran o desecharan solo el 8.2 por ciento de las investigaciones que la PGR consigna. Sin embargo, en lugar de mejorar, la PGR ha retrocedido año con año en este aspecto.

Prueba de ello es que en 2013 el porcentaje de casos desechados o devueltos por un juez era de 12.9 por ciento; para 2014 el indicador creció a 13.5 por ciento de casos rechazados; en 2015 llegó a 17.3 por ciento; en 2016 se disparó a 29.4 por ciento; en 2017 llegó hasta 59.9 por ciento; y en lo que va de este año los casos regresados por los jueces, respecto a los consignados, alcanzan el 80.2 por ciento.

Lo anterior significa que a lo largo del sexenio la proporción de casos fallidos se ha multiplicado por seis, y que hoy apenas 1 de cada 5 carpetas de investigación que se consignan se convierten en procesos penales exitosos.

Y en perspectiva, a la PGR le desechan en proporción 10 veces más casos (80 por ciento) respecto a la meta que el gobierno federal había fijado alcanzar para 2018.

Aunque desde 2013 la PGR ya padecía de una tendencia al alza en cuanto a casos que los jueces federales le rechazaban, su caída en eficacia se ha recrudecido a partir de 2017, año en el que entró en funcionamiento pleno el nuevo sistema penal acusatorio, que exige investigaciones mejor integradas y con pruebas más robustas.

Los números del Sexto Informe de Gobierno evidencian el bajo número de casos que la Procuraduría ha conseguido judicializar, es decir, que los jueces federales los acepten e inicien procesos en contra de los posibles responsables.

Las cifras muestran que de enero a diciembre de 2017 la PGR inició 94 mil 536 nuevas carpetas de investigación que sumadas a las rezagadas dieron un total de 134 mil 564 casos. De ese total señala que atendió 98 mil 381 pero, en la mayoría de los casos, fue para determinar que no había elementos para proceder.

En total, la PGR informa que solo consiguió judicializar 14 mil 929 carpetas de investigación, poco más del 10 por ciento de todas las que trabajó. Y la mayoría de las que fueron judicializadas (9 mil 319) fueron sin personas detenidas.

Atención lenta y pocas aprehensiones

Existen dos indicadores más que el gobierno de Peña Nieto fijó para evaluar su Programa Nacional de Justicia 2013 – 2018: el de atender y resolver en el menor tiempo posible las carpetas de investigación, y el de incrementar el número de órdenes de aprehensión que se ejecutan. Ninguno de ellos se ha cumplido.

En el caso del tiempo que le lleva a la PGR integrar una averiguación previa (hoy carpetas de investigación), al arranque del sexenio (2013) el promedio era casi 250 días. Por ello se estableció como objetivo para 2018 que dicho promedio de tiempo descendiera a 200 días. Pero lejos de acercarse a esa meta, la Procuraduría ha empeorado.

Para 2014 el tiempo promedio requerido para la integración de un caso creció a 273 días; en 2015 subió a 317 días; en 2016 dicho promedio creció a 384 días; en 2017 se disparó a 951 días; y para 2018 dicho promedio ya es de mil 283 días.

Lo anterior significa que, actualmente, a la PGR le toma un promedio de más de tres años integrar y resolver un caso.

Respecto al tema de las órdenes de aprehensión la Procuraduría también muestra un balance negativo. Luego de que en 2013 el promedio era de 31 por ciento de órdenes giradas que los agentes lograban ejecutar, se estableció como meta para 2018 elevar ese porcentaje a 37 por ciento. Pero la realidad hoy, de acuerdo con los datos presentados, es que apenas se ejecutan el 19.6 por ciento de las órdenes de aprehensión que conceden los jueces.

La estadística desglosada de las órdenes de aprehensión muestra que por ejemplo, en 2008 y 2009 se ejecutaban más de 7 mil órdenes de aprehensión al año. Entre 2010 y 2012 descendieron a 6 mil. Para 2013 y 2014 la cifra cayó a 5 mil órdenes. En 2015 fueron apenas cuatro mil;  y en 2016 y 2017 la cifra se ha desplomado a menos de tres mil órdenes cumplidas.

De la misma forma han descendido las órdenes de reaprehensión cumplidas por los agentes ministeriales de PGR. Mientras que en 2014 la PGR reportó 3 mil 99 órdenes de este tipo ejecutadas; para 2015 la cifra descendió a 2 mil 765; en 2016 fueron dos mil 255; y el año pasado apenas mil 786.

Recursos humanos estancados

Los recursos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) no han visto ningún crecimiento relevante a lo largo del actual sexenio. Incluso en algunos casos han disminuido.

Prueba de ello es el número de agentes del Ministerio Público Federal, que son los fiscales responsables de coordinar las investigaciones. Mientras que en 2013 había 4 mil 188 agentes, para 2018 la cifra descendió a 4 mil 176.

Otro dato relevante es el de agentes de la Policía Federal Ministerial, que son los encargados de la investigación en el campo y de la ejecución de las órdenes de aprehensión, entre otros. En 2006 la PGR llegó a contar con más de 8 mil elementos pero en los años siguientes  la cifra ha descendido. De acuerdo con el informe en 2018 la Procuraduría cuenta con 5 mil 239 elementos, que es un crecimiento de apenas 3.5 por ciento

Cabe señalar además que no todos los policías ministeriales se dedican a investigar delitos, pues hay varios comisionados como guardias de seguridad o escoltas.

Y en cuanto a peritos, en 2018 la PGR reporta mil 975 expertos  en 2018 en sus filas que si bien, es una cifra menor a la del año pasado, es 15 por ciento mayor respecto a los peritos con los que se contaba al arranque del sexenio.

Incompetencia comprobada

Animal Político ha publicado recientemente dos ejemplos, con datos oficiales de la propia dependencia, que muestran cómo la PGR inicia carpetas de investigación pero no las resuelve.

Uno de ellos es en el tema de los homicidios. En ocho años la Procuraduría ha investigado más de 400 casos de asesinatos de agentes federales o de crímenes de alto impacto vinculados a la delincuencia organizada, pero en ese periodo apenas ha conseguido obtener dos sentencias condenatorias. Una efectividad inferior al uno por ciento.

Otro ejemplo son los desvíos de recursos reportados por la Auditoría Superior de la Federación. La PGR reportó que ha iniciado 486 averiguaciones y carpetas de investigación por las denuncias de los auditores, sin embargo, al día de hoy no hay una sola persona detenida ni una sentencia conseguida. Algunos de estos casos datan de hace más de diez años.

Violaciones a derechos humanos, al alza

Otro indicador negativo para la Procuraduría General de la República es el de recomendaciones a derechos humanos. De acuerdo con el anexo estadístico del informe, entre 2013 y 2015 la dependencia recibió menos de cinco recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por año.

Sin embargo para 2017 la PGR reportó 11 recomendaciones recibidas de parte de la CNDH que es la mayor cifra recibida en un año por lo menos desde el 2000 que es cuando hay registro. Y en los primeros seis meses de 2018 la cifra ya era de ocho recomendaciones recibidas, por lo que podría superarse la cifra récord del año pasado.