Seis países americanos firmaron hoy en Nueva York una petición dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El paso dado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú carece de precedentes e incrementa la presión internacional sobre el presidente Nicolás Maduro. Nunca un Estado ha sido denunciado por otro ante el tribunal con sede en La Haya (Holanda).

La misiva, presentada en la ONU al margen de la Asamblea General que arrancó el martes, habla de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, cuando comenzó la primera ola de protestas contra Maduro.

El documento hace referencia a un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un tercero que un grupo de juristas internacionales realizó por encargo del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Este último, además de denunciar ejecuciones extrajudiciales y torturas, entre otras cosas, asegura que en Venezuela existe un "ataque generalizado y sistemático" con intención política.

"El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible", proclamó hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Asamblea General de la ONU.

"Pero igual de importante es que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esa tragedia deleznable", añadió el nuevo mandatario colombiano.

La remisión de la solicitud a La Haya, en cualquier caso, no conducirá automáticamente a la apertura de una investigación, según dijeron el mes pasado a dpa fuentes de la CPI.

Lo que sí puede hacer es acelerar la apertura de las pesquisas si la fiscalía concluye que se cumplen todos los requerimientos del Estatuto de Roma en el examen preliminar que abrió en febrero.

La CPI, que echó a andar en 2003, es un tribunal de Justicia internacional permanente cuya labor es juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. No pertenece al sistema de la ONU, pero tiene un acuerdo con él.

Su competencia se extiende sobre los países que ratificaron el Estatuto de Roma, que fue el que la creó. Venezuela fue el primero de Latinoamérica en hacerlo y también lo han suscrito los seis que firmaron la denuncia.

"La situación en Venezuela es catastrófica", manifestó en rueda de prensa el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Canadá se sumó en el último momento a la acción.

La denuncia no va dirigida contra Maduro ni supone una acusación específica a ninguna persona, sino que pide el inicio de un proceso que, si avanza, sí puede llevar a identificar a presuntos responsables de delitos de lesa humanidad.

La mayor presión sobre la Venezuela de Maduro está llegando con la crisis migratoria que ha desencadenado el desastre humanitario en un país que desde hace años atravesaba ya una crisis política y económica. ACNUR estima que unos 2.3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014.

Brasil y Colombia son los países que más están sufriendo el impacto de ese flujo, que también es importante en Perú y Ecuador, entre otros.

"Mientras que el conflicto en Siria ha generado un flujo de 600,000 migrantes al año tan solo a Turquía en un periodo de seis años, Colombia, en menos de dos años, les ha abierto las puertas a casi un millón de hermanos venezolanos", dijo Duque.

"No podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades", añadió.