Era la madrugada del 4 de junio cuando el corazón de don Catarino Escobar dejó de latir. Un tercer infarto lo fulminó, mientras que su familia buscaba desesperadamente cómo trasladarlo del Hospital General en Dolores Hidalgo, Guanajuato, a otro centro hospitalario.

 En la mente de su hijo Antonio quedaron marcadas las palabras del médico que lo atendía: “Llévate a tu papá, aquí no tenemos el medicamento ni el catéter que necesita”. Don Catarino se mantuvo durante días solo con los anticoagulantes que le suministraban para que no se le taparan las arterias.

Él tenía 65 años y era un mexicano como muchos, sin un trabajo formal que le diera acceso a otro sistema de salud. Mientras en los hospitales del sector salud que atienden a los beneficiarios del Seguro Popular en el país suceden historias como la de don Catarino, los gobiernos estatales no han podido aclarar el buen uso y destino de 16 mil 13 millones de pesos transferidos por la Federación para ese programa durante el periodo 2013-2017. 

Una revisión de MILENIO a las auditorías que se han hecho a los recursos federales entregados a los estados para el funcionamiento del Seguro Popular durante este sexenio revela las huellas del desorden: operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.

El Seguro Popular se creó en el gobierno del presidente Vicente Fox en 2004, con el propósito de dar servicios médicos a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.  En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. Seis de ellas, en cuatro estados, concentran 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar.

Esas auditorías corresponden a los estados de Veracruz (4 mil 73 millones de pesos), Michoacán (mil 587 mdp), Jalisco (mil 138 mdp) y Oaxaca (914 mdp). De acuerdo con la Auditoría, las autoridades no han podido resarcir 3 mil 222.8 millones de pesos que corresponden a la cuenta pública de 2013.

En 2014 el monto fue de 5 mil 654.8 millones de pesos, la cifra más alta en el periodo 2013-2017.  En los años siguientes los montos del dinero desviado quedaron así: en 2015 fueron 2 mil 453.7 millones de pesos, en 2016, 4 mil 106.4 millones y para 2017 el dinero sin resarcir ascendió a 575.6 mdp.

La ASF reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, lo que significa que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público, y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde 2013. Del resto, de más de 12 mil millones pesos, no. 

Hasta ahora, en este sexenio, independientemente de los 16 mil 13 millones que todavía están por aclarar, se han recuperado 782.4 millones de pesos de los recursos del Seguro Popular y se han aclarado 5 mil 212 mdp. 

La dimensión del ilícito Para darle proporción al problema, los 16 mil millones de pesos que no han sido aclarados entre 2013 y 2017 casi triplican la deuda que tienen diferentes instituciones de salud federales y estatales, pues de acuerdo con la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), el adeudo asciende a 6 mil 172 millones de pesos por la compra de medicinas en 2018 y por pasivos de 2016 y 2017.

En enero pasado IMSS e ISSSTE anunciaron que en los últimos cinco años el esquema de licitaciones para la compra de medicamentos generó un ahorro para las arcas públicas de 17 mil 400 millones de pesos, cifra similar al dinero que no se ha podido comprobar en fondos del Seguro Popular. 

Michoacán 

Mientras que en 2013 los michoacanos usuarios del Seguro Popular se quejaban principalmente de la falta de medicamentos y el cobro de estos, el gobierno del estado hizo un uso opaco e irregular de los recursos, de acuerdo con la ASF. Desde hace cinco años no se han podido aclarar irregularidades por mil 277 millones de pesos. Además se le requieren a la entidad los rendimientos que en este lustro ha generado ese dinero. 

La entidad gobernada entonces por el priista Fausto Vallejo transfirió recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal 2013 a una cuenta bancaria distinta a los objetivos del programa y no presentó evidencia del reintegro de dichos recursos a la cuenta bancaria específica del programa.  A la letra, en la auditoría 836 se pide al estado de Michoacán que acredite dónde está el dinero “con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del programa de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable”. 

Jalisco

Cuatro años no han sido suficientes para que el gobierno del panista Emilio González Márquez, quien estaba al frente del estado en 2014, pueda aclarar cómo se ejercieron mil 138.8 millones de pesos del Seguro Popular. Al revisar la cuenta pública de aquel año, como parte de la auditoría 750, se detectó que dinero de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal se empleó para realizar pagos a dos proveedores.

Hasta ahí nada irregular, pero al indagar, las autoridades descubrieron que no había documentos que comprobaran que la aplicación de esos recursos fue en favor de los beneficiarios del Seguro Popular.

Además hicieron pagos a un proveedor sin suscribir el contrato. Al 31 de diciembre de ese año no habían invertido la mitad de los recursos que les transfirió la Federación para atender a las personas enfermas que no cuentan con otro esquema de seguridad social. En la revisión de la Cuenta Pública 2013 la auditoría también detectó que no se emplearon la totalidad de los recursos.

Oaxaca

De las irregularidades detectadas en el uso del dinero para el Seguro Popular en el último año del gobernador de la coalición PRI, Convergencia y Movimiento Ciudadano, Gabino Cué, la ASF determinó que hay 914.8 millones de pesos que siguen sin aclararse o recuperarse.

En la auditoría 1273 para comprobar el buen uso de los recursos en la cuenta pública 2016 se señaló al gobierno de Oaxaca por defraudación fiscal, al haber retenido el impuesto sobre la renta de salarios del personal pagado con recursos del Seguro Popular, pero no haber entregado ese dinero a Hacienda.  Además el auditor encontró gastos que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud del estado de Oaxaca no pudo comprobar.