El presidente de Francia, Francois Hollande, renunció hoy a su intención de realizar una serie de cambios constitucionales para combatir el terrorismo, debido a la resistencia política que enfrenta.

Hollande acordó con los presidentes de las dos cámaras parlamentarias, la Asamblea Nacional y el Senado, poner fin al debate, después de que éstas no lograran acordar un texto de consenso.

Entre las modificaciones más polémicas se contaba la propuesta de retirada de la nacionalidad francesa a los condenados por "atacar contra la vida de la Nación" y la idea de hacer permanentes una serie de medidas adoptadas bajo el estado de emergencia decretado tras los atentados de París, lo que requería una reforma de la Constitución.

Además de la división de las dos cámaras parlamentarias, las medidas defendidas con ahínco por Hollande y su Gobierno después de los ataques de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos, también fueron cuestionadas por grupos de defensa de los derechos civiles y organizaciones internacionales.

E incluso levantaron oposición dentro de su propio Partido Socialista, como mostró la renuncia de la entonces ministra de Justicia Christiane Taubira.

Hollande dijo que las propuestas pretendían "garantizar mejor el uso del estado de emergencia y privar de nacionalidad francesa a los terroristas que ostentan armas contra su propio país". Explicó que propuso el proyecto con el trasfondo de una crisis, pero cuatro meses después no hay acuerdo a la vista.

Además, lamentó el atrincheramiento de la oposición contra cualquier reforma de la Carta Magna y actitudes políticas que, consideró, bloquean el progreso.

A comienzos de febrero, la Asamblea Nacional votó con ajustada mayoría el controvertido proyecto, cuya medida más polémica era la retirada de la nacionalidad. El proyecto tenía que ser aprobado también por el Senado, dominado por la derecha política.

El presidente dijo que la amenaza terrorista sigue en un nivel máximo histórico y que la situación requiere una respuesta nacional y la promesa de hacer todo lo posible para "proteger al pueblo francés".

Pese a las limitaciones presupuestarias, el Estado dedicará 1,000 millones de euros (1,130 millones de dólares) a impulsar la seguridad. El estado de emergencia ha demostrado su efectividad, aunque no pueda ser un estado permanente", dijo. Hasta ahora, fue extendido en dos ocasiones y está en vigor hasta el 26 de mayo.