Tras anunciarse la explotación de yacimientos de gas shale en Hidalgo, al norte del estado, el Clúster de Energía de Coahuila informó que el agua contaminada producto del fracking –técnica para la extracción– será trasladada al Cimari de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el organismo, en lugar de construirse un depósito para los residuos tóxicos cerca del área de exploración, la empresa Lewis Energy –que firmó contrato con Pemex para aprovechar el campo Olmos– desechará el lodo en contenedores que irán al Centro Integral de Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y Disposición 
Final de Residuos Industriales y Peligrosos (Cimari).

En entrevista con VANGUARDIA, integrantes del Clúster explicaron que esta disposición de los residuos se acordó desde 2014, durante la “Ronda Cero” de la reforma energética.

Y es que como parte de la normativa, además de tener que recubrir tres veces el tubo empleado en la fractura hidráulica (fracking) –para reducir filtraciones de líquidos con químicos al subsuelo–, ahora las empresas tienen prohibido depositar los desechos en estanques.

“Tienen otra (regulación) que en ningún otro país existe: generalmente para los lodos que se sacan, sobre todo en Estados Unidos, tenían que construirse estanques con membranas”, detallaron en una respuesta institucional. Ahora, los lineamientos establecen que deben existir contenedores especiales para depositar y transportar los desechos. 

Según el Clúster, ninguna porción de residuos se quedará en Hidalgo, pues todos serán llevados al Cimari, pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió en 2017 dos investigaciones por irregularidades en su funcionamiento, tras registrarse incendios.

Falta el análisis de impacto ambiental

De acuerdo con el Clúster de Energía, Petróleos Mexicanos no ha entregado los resultados de impacto ambiental y social de los trabajos de Lewis Energy, luego de que firmado el contrato –anunciado la semana pasada– la ley le otorga 180 días para ello.

“Pemex tendrá que entregar a la Secretaría de Energía, en caso de que hubiera un riesgo (ambiental y social), el cómo lo va a remediar”, expusieron sus miembros, “ya cuando le aprueben esas evaluaciones, entonces arrancará la operación”.