El Consejo de Ministros ha acordado pedir autorización al Senado para cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todo su Govern y la convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses. Así lo recoge el documento que despliega el artículo 155 de la Constitución, con el que el Gobierno quiere restaurar la legalidad constitucional en Cataluña. El Ejecutivo enviará el acuerdo al Senado, que lo debatirá y votará en pleno el próximo viernes.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que la intervención de la autonomía catalana busca cuatro objetivos: "Volver a la legalidad y restituir la vigencia de la Constitución y del Estatuto de autonomía; recuperar la normalidad y la convivencia, que se ha deteriorado desgraciadamente mucho en Cataluña; continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en situación de normalidad".

Rajoy ha precisado que el plazo máximo son seis meses, pero que su "voluntad" es ir a la urnas "cuanto antes". "No se suspende la autonomía de Cataluña", ha añadido Rajoy. "Se cesa a las personas que han puesto ese Gobierno fuera de la ley, de la Constitución y del Estatuto".

El acuerdo, que ha adoptado el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, también prevé solicitar a la Cámara Alta el mantenimiento del Parlament de Cataluña, pero atribuye al Gobierno central capacidad de veto de iniciativas parlamentarias y la suspensión de la facultad de control al Ejecutivo por parte de la Cámara.

La propuesta de autorización tiene tres apartados específicos relativos a los ámbitos de la seguridad (los Mossos quedan bajo la batuta del Ministerio del Interior), economía y finanzas y telecomunicaciones. Este último apartado se refiere al control del Centro de Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI), un organismo clave en el funcionamiento de la Generalitat y que ha tenido un papel esencial en el desarrollo del proceso soberanista.

El documento hace alusión a la Ley de lo Audiovisual de Cataluña para recordar que en su articulado establece que los medios de comunicación pública deben ser neutrales, pero no hay ninguna medida específica sobre la intervención de TV3 y Catalunya RadioLa idea del Gobierno es utilizar el tiempo que el Senado tardará en autorizar las medidas -previsiblemente serán aprobadas el próximo viernes- para redactar el decreto de organización en el que se detallará la toma de control de la Administración catalana.

La ley de la Comunicación audiovisual de Cataluña dice que "son misiones específicas del servicio público de comunicación audiovisual de competencia de la Generalidad: el impulso del conocimiento y el respeto de los valores y los principios contenidos en la Constitución española, el Estatuto de autonomía, el derecho comunitario originario y los tratados internacionales".

La pretensión es hacer una "intervención mínima" con un diseño "muy sencillo" que permita revertir la quiebra de la legalidad en el plazo más breve posible.