Saltillo.- El Congreso del Estado evaluará vetar de por vida a los funcionarios públicos que hayan sido inhabilitados por un acto de corrupción, quienes ya no podrían desempeñarse en ninguno de los tres poderes del estado.

Edgar Sánchez Garza, diputado independiente, presentó una iniciativa que propone reformar el artículo 160 de la Constitución Política del Estado, como una medida definitiva para disminuir los índices de corrupción en el estado y en el país, que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, se ubica en la posición 135 entre 180 países evaluados.

“Se debe mandar un claro mensaje a la sociedad, de un verdadero combate a la corrupción, mediante el establecimiento de una normatividad que realmente este destinada a sancionar de manera enérgica, aquellos actos que laceran a la ciudadanía, ello con el fin único de impedir en todo momento la impunidad”, dijo Sánchez Garza.

Como una medida urgente, el legislador local propone establecer en la Constitución Política de Coahuila que, aquel servidor público que sea encontrado culpable por algún delito de corrupción en el desempeño de su cargo, su inhabilitación sea de por vida y no pueda volver a desempeñarse en ninguno de los órdenes de gobierno.

“Todo aquel servidor público que haya prestado sus servicios en el ámbito estatal o municipal, y que haya sido destituido o inhabilitado por algún acto de corrupción, jamás podrá volver a desempeñar empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, ni en las administraciones municipales”, se propone agregar al artículo 160 constitucional.

Finalmente, señaló que el espíritu de la iniciativa es mandar un mensaje a los servidores públicos tanto estatales como municipales, en el sentido de que no habrá impunidad en el desempeño de sus labores y que si no hacen las cosas de manera correcta jamás podrán volver a ser parte del servicio público.

“El fin es bajar los niveles de corrupción que actualmente existen en nuestro País, pues de nada sirve que al funcionario que resulte inhabilitado o sancionado por algún delito de corrupción, se le castigue tan solo con un cierto tiempo para trabajar en el servicio público”, consideró.