Los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley General de Comunicación Social para regular el gasto, los contenidos, la evaluación, la revisión y la fiscalización de la propaganda gubernamental.

Suscrito por los diputados y senadores de la coalición Todos por México, el proyecto otorga a la Secretaría de Gobernación y a las dependencias equivalentes en cada entidad federativa la atribución de regular y administrar el gasto en comunicación social, para lo cual revisará, formulará observaciones y finalmente autorizará las estrategias y programas anuales en la materia.

Al presentar la iniciativa en tribuna, la legisladora priista Mercedes Guillén reafirmó la disposición a cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que obliga al Congreso de la Unión a discutir y aprobar la ley reglamentaria en materia de publicidad gubernamental a más tardar el 30 de abril.

“Se trata de una iniciativa que responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y, por supuesto, al manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad del Estado mexicano”, dijo.

Detalló que entre los principales objetivos de la propuesta está el de asegurar el desarrollo de la comunicación social bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía presupuestaria, transparencia y máxima publicidad, así como honradez, imparcialidad, institucionalidad y congruencia.

Para ello dispone que los medios interesados en participar en la contratación de campañas de comunicación social deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

La iniciativa del bloque encabezado por el PRI prevé la prohibición de las campañas de comunicación para la promoción de nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los derechos constitucionales, así como aquellos que inciten directa o indirectamente a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico.

En su capítulo de transparencia y rendición de cuentas, la propuesta mandata a la Secretaría de Gobernación a presentar bimestralmente a la Cámara de Diputados un informe sobre el monto erogado por dependencia, las empresas prestadoras de servicios y la propaganda contratada, además de obligarle a informar anualmente la relación de programas y campañas de comunicación social.

La revisión y fiscalización de los recursos federales en materia de comunicación social se harán a través de la Auditoría Superior de la Federación.