El próximo 30 de abril vence el plazo que la Suprema Corte impuso al Congreso para que regule la publicidad oficial en México tras el amparo promovido por Article 19. 

Tras la sentencia, un grupo numeroso de medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil conformamos el Colectivo #MediosLibres para acompañar el proceso legislativo y elaborar una propuesta de 10 lineamientos mínimos sobre el tema. 

Tristemente, los “grandes medios” de este país –y quienes más dinero público reciben– no participan en el colectivo.

En nuestra experiencia y conocimiento, la nueva Ley de Publicidad Oficial debe incluir los siguientes criterios:
La Publicidad Oficial no debe desaparecer, pero debe ser un mecanismo de comunicación social sustentada en el derecho a la información. Eso sí, debe transparentarse, limitarse y controlarse.

Una Ley General y completa, pues la publicidad oficial se acuerda y dispone en los tres órdenes de Gobierno. La opacidad y el uso discrecional la transforma en una posible herramienta de chantaje que pervierte la relación entre medios y Gobierno.

Criterios de asignación basados en la idoneidad, es decir, la publicidad oficial no debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios. El artículo 7 de la Constitución Mexicana estipula que la libertad de expresión no se puede restringir de manera directa o indirecta. Por lo anterior, los recursos publicitarios deben asignarse según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos de penetración y eficacia.

Máxima publicidad. El principio transversal del manejo de la publicidad oficial debe ser la transparencia. Tanto los Gobiernos como los medios de comunicación deben garantizar un acceso amplio a información crucial para monitorear su ejercicio. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.

Además, sugerimos los medios entendidos como sujetos obligados de transparencia por recibir recursos públicos y la elaboración de un padrón de medios y proveedores moderno, actualizado e incluyente. 
Transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y ratings.

Contenidos de utilidad pública y libres de promoción personalizada. Como lo estipula el párrafo 8 del artículo 134 de nuestra Carta Magna que prohíbe el uso de “nombres, imágenes, voces y símbolos relacionados con la promoción de cualquier servidor público”.

La Publicidad Oficial debe ser siempre identificable por el lector, auditor, usuario de internet y televidente y diferenciarse, con especial énfasis, respecto a los contenidos editoriales.

Fomento a la pluralidad y la diversidad, en el entendido de que la publicidad oficial no es un subsidio, por eso los Estados deberán establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial. 

Mecanismos de control con la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación. 

El uso racional de los recursos públicos para limitar el gasto y realizarlo con estricto apego a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

El documento completo puede consultarse en Fundar. 

En suma, creemos que la publicidad oficial no debe desaparecer, pero sí debe reducirse sustancialmente, pues el monto ejercido hasta ahora es un exceso ofensivo y sin control que se ha convertido en un subsidio perverso para la relación entre prensa y Gobierno.

Además, ya basta de medios y periodistas que le mienten a la sociedad disfrazando propaganda pagada de contenido propio. La prensa mexicana debe convertirse en una industria rentable más allá del dinero público. No será fácil, pero en medio de la transición digital, sólo podremos lograrlo si generamos verdadero valor para los usuarios haciendo periodismo útil.

Hasta ayer, en el Colectivo #MediosLibres no hemos visto avances al interior del Congreso para cumplir con la tarea que la Corte les impuso. El tiempo corre y nuestros legisladores están concentrados en asuntos electorales en lugar de hacer su trabajo sobre un tema fundamental para construir una mejor democracia.

Vale recordar que esta fue una de las promesas del presidente Peña Nieto y que casi seis años después el gasto en ese rubro ronda los 40 mil millones de pesos sólo para el Gobierno Federal.

Debemos aprovechar la coyuntura electoral para avanzar en la discusión de esta ley. Hacerlo reclama el esfuerzo de sociedad civil, periodistas y medios de comunicación que ya hemos tendido una primer propuesta sobre la mesa. 

Lo que falta es más sencillo, pero mucho más difícil: la voluntad de nuestros legisladores. Ojalá estén a la altura. Porque hasta ahora no lo han hecho.

@IngAdrianLopez