Panamá tendrá que reorientar su economía y desmantelar su modelo de negocios offshore, que se han convertido en el centro del escándalo financiero Panama Papers, estimó hoy el economista independiente y docente Rubiel Cajar.

En declaraciones a dpa, Cajar previó que esa decisión sería uno de tres posibles escenarios, tras las publicaciones del periódico alemán "Sueddeutsche Zeitung" que involucraron a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca en actividades globales de evasión fiscal y "lavado de activos".

Cajar, consultor de la Iglesia Católica y grupos parlamentarios en temas de economía humana y desarrollo social, sostuvo que la decisión del procurador del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan), Preet Bharara, de investigar las operaciones de Mossack Fonseca, refuerzan el argumento de cambio, porque ello involucra a otros grandes bufetes.

Indicó que en la década de 1970, los países industrializados apostaron a las sociedades anónimas para el desarrollo de grandes corporaciones. Sin embargo, advirtió que "ese modelo está agotado en el ámbito internacional, y los mismos países que lo promovieron han decidido ponerle fin".

"El modelo que facilita el esquema paraíso fiscal, ya se ha agotado, y lo que queda al país es buscar otras actividades que sustituyan esos ingresos económicos, que representan el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)", acotó.

Cajar aseguró que la mejor opción es prepararse para aplicar en los próximos cinco a 10 años un modelo de desarrollo que potencie las actividades conexas del Canal de Panamá ampliado, la pesca en el litoral Caribe y la plataforma de servicios tecnológicos.

Añadió que ello implica reestructurar la economía para generar unos 10,000 millones de dólares que reemplacen el registro de sociedades anónimas, el abanderamiento internacional de naves, el "secreto bancario" que protege la confidencialidad de las cuentas en bancos y operaciones financieras, y los casinos.

El economista señaló que otro escenario menos probable para Panamá, es que el gobierno adapte mecanismos de control fiscal recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pensando que el sistema sigue "fuerte y robusto" y que únicamente debe ser "maquillado".

Adujo que ello sería "cambiar, para no cambiar nada", lo que a la larga acarrearía nuevas sanciones de países de la OCDE, como la inclusión de Panamá en listas de "paraísos fiscales".

La otra posibilidad, menos probable, puntualizó Cajar, es que el gobierno panameño se atrinchere en una defensa del modelo y del concepto de territorialidad en materia fiscal y tributaria, como una jurisdicción independiente. No obstante, adujo que ello sería un camino muy oneroso para el interés nacional y las inversiones.

En 2015, en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, Panamá confirmó su compromiso de aplicar el mecanismo de intercambio de información automática, a partir del año 2018. A su vez, el gobierno de las Islas Cook, en el Pacífico Sur, hizo un anunció similar para el 2017.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo el lunes en Tokio, Japón, que Panamá cooperará con la iniciativa de la OCDE para compartir información fiscal, luego de los datos filtrados por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

A su vez, la ministra de Relaciones Exteriores, Isabel Saint Malo, aseveró que "estamos en disposición de apoyar activamente diálogos diplomáticos y reformas domésticas". Recalcó que una comisión de expertos nacionales y extranjeros, entre ellos el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, asesorará a Panamá en esa materia.