Está tomando forma en Estados Unidos un debate en torno a si los funcionarios elegidos violan el derecho de la gente a la libre expresión al bloquearla de sus cuentas en las redes sociales.

La Unión de Libertades Civiles, conocida por sus siglas en inglés, ACLU, demandó esta semana al gobernador de Maine Paul LePage y envió cartas de advertencia a la delegación legislativa del estado. Los gobernadores de Maryland y Kentucky y el propio presidente Donald Trump también han sido demandados por el mismo tema.

El uso frecuente y poco ortodoxo que hace Trump de Twitter y denuncias de que bloquea gente que piensa distinto planteó el interrogante de si los funcionarios elegidos pueden o no hacer eso en sus páginas oficiales en la web.

Políticos de todos los niveles usan las redes sociales para analizar asuntos del gobierno, a veces a expensas de los tradicionales actos en los que hablan cara a cara con el electorado.

“La gente recurre a las redes sociales porque ve que sus funcionarios elegidos están disponibles allí y porque quieren expresar sus opiniones y compartir las reacciones”, comentó Anna Thomas, portavoz de ACLU en Utah. “Esto incluye gente que no está de acuerdo con los funcionarios públicos”.

La mayoría de los funcionarios que enfrentan quejas son republicanos y afirman que no violan los derechos de nadie, sino que se aseguran de no reproducir comentarios odiosos, violentos, obscenos o abusivos.

Una vocera del gobernador de Maryland Larry Hogan sostuvo que la demanda en contra del funcionario es “frívola”, que su oficina tiene una política clara y que “eliminará todo contenido odioso y violento”, así como “ataques coordinados de spam”.

La ACLU acusó al gobernador de Kentucky Matt Bevin de bloquear a más de 600 personas en sus cuentas de Facebook y Twitter. Sus asesores dijeron que solo bloquea gente que publica “comentarios o imágenes obscenos y abusivos, que se salen del tema y spam”.

Portavoces del senador Orrin Hatch y la representante Mia Love, ambos criticados por ACLU por su manejo de sus cuentas, aseguraron que rara vez bloquean a alguien y que lo hacen solo si violan las reglas fijadas en sus páginas de Facebook para evitar profanidades, vulgaridades, insultos personales y comentarios obscenos.

“No tenemos ninguna obligación de permitir que la página de Facebook del senador Hatch sea usada como plataforma para difundir contenido ofensivo o información errónea”, dijo el portavoz del legislador Matt Whitlock.

Katie Fallow, abogada del Instituto Knight de la Primera Enmienda (que defiende la libertad de expresión) de la Universidad de Columbia, que el mes pasado demandó a Trump, dijo que no hay un esfuerzo nacional coordinado para demandar a los republicanos. El objetivo, indicó, es dejar en claro que todos los funcionarios elegidos, sin importar su partido, deben dejar de bloquear personas en sus cuentas de las redes sociales.

“Son usadas mayormente para pronunciarse y para oír lo que tienen que decir los votantes; son un foro público y no pueden seleccionar a quienes quieren escuchar”, manifestó Fallow.

Rob Anderson, presidente del Partido Republicano de Utah, negó que los políticos violen los derechos de nadie al bloquear comentarios inaceptables.

“Tú eres el dueño de tu página de Facebook y si quieres bloquear a alguien u ocultar a alguien, tienes derecho a hacerlo”, sostuvo Anderson. “¿Para qué está si no esa opción que dice ‘ocultar’ o ‘bloquear’?”.

Todavía no ha habido pronunciamientos de los tribunales acerca de estos temas, aunque en general tienden a proteger la libertad de expresión.

“Es importante que se fijen normas”, opinó Amanda Shanor, del Proyecto Sociedad de la Información de la Facultad de Leyes de Yale. “El debate político se produce cada vez más online”.