El alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal, aseguró que los tres policías involucrados en el homicidio del profesor Rafael Pérez Hernández presentaron y acreditaron su examen de control y confianza. 

Aunque sin precisar una fecha en específico, el Edil indicó que fue hace dos o tres años que los tres policías presentaron su examen de control y confianza. 

Respecto a los otros dos uniformados que se vieron involucrados, pero se les deslindó de responsabilides, dijo que continúan con su puesto en la administración, no obstante ya no se encuentran en campo, sino que se les dio un puesto administrativo. 

“Como no se les dictaminó ninguna responsabilidad (para los dos policías), no podemos sacarlos, porque si quisiéramos sacarlos, estarían percibiendo menos sueldo, tendríamos que tener una razón para poder separarlos de los cargos. Sí están en un área más administrativa, no están en campo”, informó. 

En el caso de Roberto Castro, director de la Policía Municipal, sostuvo que el funcionario permanecerá con su cargo, pues será hasta que se tenga un resultado de la investigación cuando se tome una decisión. Expuso que tomarán las medidas que señale la ley, 

“Pondremos toda la información a disposición de la Policía Investigadora para que se determine, a través de un juez, y sea él quien determine las sanciones pertinentes y las personas que se deban sancionar, de acuerdo con la ley”, manifestó. 

Sobre la creación de una comisión especial para la investigación del homicidio del maestro de la Sección 38 del SNTE en el Congreso del Estado, López consideró que esta comisión deberá atender todos los casos que sean similares, de lo contrario se trata de la politización del tema. 

“Cuando se abre una comisión en particular para un funcionario, eso sí ya se ve político. Yo creo que lo que se tiene que ver es para todos los casos que sean similares, no nada más para un caso”, opinó.

Fue el pasado 11 de agosto cuando el profesor de la Sección 38, Rafael Pérez, murió luego de su detención.

La necropsia practicada por la Procuraduría de Justicia del Estado, dio como resultado “muerte por estrangulamiento”.