El sindicato de combis y microbuses de Saltillo, encabezado por Antonio Ramos Morales, antes perteneciente a la CTM y que ahora está adherido a la CROC, luego de que se diera una separación por un fraude que les hizo perder la mayoría de sus bienes, exigen se le dé pena máxima de 10 años por fraude con agravante de estafa a José Luis Garay, abogado que los defraudó por una cantidad de 4 millones 400 mil pesos y del cual presumen está siendo protegido por la CTM, cabe mencionar que este ha sido en dos ocasiones candidato para la alcaldía de Saltillo por el partido PRD. 

Aunque un juez en materia penal le dio sentencia a Garay de prisión intermitente, lo que significa que tiene que internarse los fines de semana en el penal y dejar una propiedad en garantía por la cantidad de 4 millones 400 mil pesos, la CROC apelará y pedirá que se le dé la pena máxima de 10 años de prisión, ya que el fraude fue una jugada maquinada.

Los hechos se dieron, cuando el  sindicato contrató a Garay para que llevara un caso legal en contra de ellos promovido por una financiera, este les dijo que durante el proceso debían de depositar mensualmente una cantidad de 200 mil pesos, lo que se hizo durante 22 meses, pero el juicio se perdió y se les retiró las instalaciones sindicales.

El abogado, en cada ocasión que debía depositar los 200 mil pesos, marcaba errores en el expediente, lo que provocaba que se formaran expedientillos por no corresponder a los juicios que se mencionaban en los certificados de depósito, y los escritos donde los exhibía cada mes, de esta manera durante 22 meses, José Luis Garay se puso como beneficiario, tramitaba su regreso y se presentaba a cobrar el dinero al banco.

Mario Enrique Morales, líder de la CROC, señaló que José Luis Garay está siendo protegido por la CTM “Maquinó un fraude, porque iba y depositaba el dinero y posteriormente lo sacaba, lo metía en su cuenta personal, el sindicato tardó mucho tiempo en darse cuenta de esto, hasta que les quitaron su inmueble”.

Los abogados que están llevando el caso del sindicato, Óscar Rincón y Gerardo Escobedo, señalaron que se buscará la pena máxima de 10 años de prisión, ya que fue un fraude planeado y con dolo.

En este fraude, se perdieron alrededor de 100 concesiones y son más de 60 personas las defraudadas.