Los concesionarios y permisionarios del transporte urbano pidieron reformar la Ley de Tránsito y Transporte para evitar que la titularidad les sea cancelada en caso de participar en un accidente en que por su responsabilidad “se causen daños de gravedad a las personas o sus bienes”.

Integrantes del Consejo de Transportistas Unidos de Saltillo —CTM, CNOP, CROC y Grupo Morelos— aseguraron que esto violenta las garantías constitucionales de los concesionarios, titulares de la concesión o permiso, y de los mismos choferes.

Orlando Garduño García, Marcelino Oviedo y Ramón Velos, entre otros integrantes del Consejo de Transportistas Unidos de Saltillo, propusieron estas modificaciones.

Velos expresó que actualmente al momento de ocurrir algún accidente de tránsito, inmediatamente, sin que se haya llevado a cabo un proceso penal, al concesionario y al operador se les priva casi automáticamente de su derecho en sus bienes, en este caso la cancelación de la concesión, fuente de ingresos de ambos.

Señaló que esto se da antes de que incluso la autoridad judicial competente determine mediante sentencia ejecutoria si cabe o no la responsabilidad penal.

Por su parte, Garduño García dijo que el Artículo 79 de la Ley de Tránsito y Transporte, que señala los motivos para cancelar la concesión, se aplica de manera ilegal pues, sin sentencia de por medio, cancelan la titularidad.

“Esto nulifica el libre ejercicio de sus actividades lícitas, de las cuales obtienen ingresos para el sostenimiento y manutención de las familias, de concesionarios y choferes”, destacó

Los transportistas entregaron un escrito en el que hacen ver que el Artículo 5 de la Constitución Mexicana establece que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que sepa desarrollar, siempre y cuando sean lícitos.

Oviedo manifestó que les han explicado que en un accidente se requiere iniciar un proceso penal con desahogo de pruebas periciales, declaraciones testimoniales, inspecciones y otras acciones más, para que el juez declare alguna responsabilidad.

Consideró que si al final del proceso el juez decreta responsabilidad del concesionario o chofer, y no fue cancelada la concesión, tendrán recursos para reparar el daño ocasionado y así se protege al ofendido o víctima. 

Aceptó que de negarse a pagar, entonces admiten que apliquen las cancelaciones.