Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con un esquema sistemático de presunto desvío de recursos, en la administración de Enrique Peña Nieto, que involucra a dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.

Las averiguaciones –promovidas por denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)- abarcan irregularidades en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, e involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las cuales lo entregaron finamente a compañías privadas que simulan servicios.

Se trata del mecanismo documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”, a través del cual, aprovechando una excepción en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, las dependencias asignan recursos sin pasar por procesos mínimos de licitación ni competencia.

Bajo este mecanismo se han dispersado más de 7 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino real de al menos la mitad.

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de PGR, a través de su unidad especializada para investigar delitos cometidos por servidores públicos, es la responsable de integrar y resolver las carpetas iniciadas por las denuncias interpuestas. Animal Político pudo confirmar que hasta ahora el estatus de todas ellas es “en integración”.

Autoridades ministeriales y de la ASF consultadas por este medio indicaron que hay averiguaciones que llevan más de un año sin que haya mayor avance y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a funcionarios involucrados a declarar ante el Ministerio Público en calidad de probables responsables.

Esto pese a que los auditores entregan un dictamen técnico que identifica a los servidores públicos que tuvieron responsabilidad en el manejo de los recursos.

Las denuncias de la Auditoría no solo señalan irregularidades específicas, sino un esquema de simulación que se repite y permanece impune. Las empresas contratadas en su mayoría son irregulares o fantasma que – al igual que las universidades que sirven de comparsa- no tienen ninguna infraestructura para cumplir con los servicios que se les asignen de forma totalmente discrecional.

En la mayoría de los casos las dependencias o las universidades e instituciones auditadas entregan expedientes que supuestamente prueban que los servicios se cumplieron, sin embargo los auditores han descubierto – sobretodo en los últimos casos denunciados donde se han profundizado las revisiones – que esto es una fabricación de entregables y que el dinero no se sabe en realidad dónde está.

Gobierno ha “propiciado la reincidencia”: ASF

La ASF acusó que el gobierno federal no ha implementado los mecanismos suficientes para frenar y castigar el desvío de recursos a través de los convenios con universidades públicas, pese a que se trata de un problema que lleva, al menos, cuatro años reportándose por parte de los auditores.

En el informe de resultados de la auditoría forense 1639-DS, que dio pie a la última averiguación previa iniciada por PGR a finales del año pasado, la ASF subrayó que la presentación de las denuncias penales ha carecido de repercusión alguna, lo que además ha propiciado que los desvíos continúen

“La presentación de denuncias de hechos ante las autoridades competentes no ha tenido resultados que permitan inhibir estas conductas irregulares, lo que ha propiciado la reincidencia en estas contrataciones que no aportan ningún beneficio tangible a la entidad contratante”, señaló el informe.

Pero las omisiones no solo caen en el terreno de la PGR. La Auditoría también condenó el hecho de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se haya negado a determinar que estas contrataciones deben aparecer en el sistema Compranet, con el argumento de que son convenios entre entidades públicas–dependencias con universidades.

La ASF había pedido formalmente a la SFP que corrigiera esta situación, toda vez que la Constitución es clara en manifestar que por regla general las contrataciones con dinero público deben ser procesos de licitación transparentes, lo que no ocurre con estos convenios que además han propiciado el desvío de recursos.

Pero la respuesta de la SFP fue negativa, lo que desde el punto de vista de los auditores contribuye a generar “opacidad, corrupción e impunidad”.

“No obstante la presentación de denuncias de hechos de carácter penal y administrativo y del irreversible daño social ocasionado, continúa la misma práctica para la asignación, adquisición y contratación irregular de bienes y servicios, bajo el mismo esquema de simulación de actividades empresariales con terceros y proveedores, los cuales resultan no localizados, inexistentes o vinculados entre sí”, expuso la ASF.

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