Por Nayeli Roldán y Manu Ureste para Animal Político

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR) y dependencias como la Sedesol y la Sedatu no han entregado, ni al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción o a ciudadanos que lo han solicitado, información pública sobre el esquema de desvío de recursos públicos, documentados en La Estafa Maestra.

Desde hace cuatro meses, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, solicitaron al SAT las facturas emitidas por las empresas fantasma o con irregularidades contratadas por universidades públicas para hacer servicios al gobierno federal, pero que nunca se cumplieron, de acuerdo con la ASF.

“Aún no hay respuesta”, dice José López Presa, miembro del Comité. “Desde nuestra perspectiva, tratándose de recursos públicos no hay pie a la reserva de la información”, pero la negativa ni siquiera se ha expresado a través de un documento oficial, simplemente el SAT ha “ignorado” la petición.

La estafa maestra es el esquema de desvío documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en el cual once dependencias públicas “contrataron” a ocho universidades públicas por 7 mil 670 millones de pesos para hacer supuestos servicios, pero éstas subcontrataron a 186 empresas, de las cuales 150 son irregulares y, por tanto, no cumplieron los servicios. El dinero simplemente desapareció.

De acuerdo con la ley, el SAT tiene una actuación preponderante para encontrar a los posibles responsables de la estafa porque es el encargado de revisar la legalidad de las empresas y las operaciones que realizan; por tanto, tienen la información fiscal de las 186 compañías que supuestamente fueron contratadas en este esquema.

 Parte de esta información es pública, toda vez que el SAT publica listas quincenales en las que incorpora a las empresas fraudulentas que detecta. Por eso es que, hasta diciembre de 2017, ya había boletinado 61 empresas como fantasma y presunta fantasma, 22 compañías más que las detectadas hasta septiembre pasado, cuando se publicó el reportaje.

Además, otras 89 compañías son irregulares, según comprobó el equipo de investigación de La estafa maestra, debido a que cuando se buscaron en las direcciones registradas, en realidad son lotes baldíos o comercios; fueron desmanteladas, su objeto social no coincide con los servicios supuestamente contratados, no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación o ni siquiera tienen dirección.

El dinero público que terminó en estas 150 empresas irregulares asciende a 5 mil 137 millones de pesos.

Documentos claves

Pero las facturas darían información adicional respecto a las operaciones y detectar a más implicados en la trama, por eso “hicimos la solicitud a través del derecho de petición y no a través de la ley de transparencia y acceso a la información”, dice López Presa.

Por lo que esperaban que la información se entregara de manera expedita, al ser miembro del Sistema Nacional, que está conformado por cuatro cabezas: el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales Anticorrupción; pero no ha sido así.

Aunque la razón de existencia del Sistema Nacional es la prevención e investigación de casos de corrupción, con la participación de ciudadanos, hasta el fiscal anticorrupción o el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la práctica no está ocurriendo porque aún faltan nombramientos y los intentos de investigar casos como La estafa maestra están detenidos.

López Presa explica que podría haber interpretaciones jurídicas en las cuales las autoridades federales sustenten que el Comité no tiene facultades para conocer esa información, lo cual “no nos favorece. La duda hace que las interpretaciones jurídicas sean lo más cerradas para evitar que nosotros tengamos este acceso a la información”.

La negativa “está impidiendo que se combata con efectividad a la corrupción”, al igual que la falta de nombramientos como el fiscal anticorrupción y los sistemas locales en el resto del país, asegura López Presa.

PGR y dependencias, por la negativa

 El 6 de noviembre de 2017, la Asociación civil Mujeres de Hierro interpuso una petición ante la Procuraduría General de la República (PGR) para saber el estatus de la investigación sobre los involucrados en el presunto desvío de 7 mil 630 millones de pesos, documentados en La estafa maestra.

La organización, presidida por Lorena Villavicencio, pidió conocer si se estaba investigando a los presuntos responsables o si la carpeta de investigación ya había sido consignada ante el juez para abrir un juicio.

El 15 de noviembre pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR respondió que no podía entregar ninguna información al respecto porque el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo impide.

En el oficio UEIDCSPCAJ-1057-2017, la PGR explica que dicha legislación establece que “los registros de investigación, así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registro de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados son estrictamente reservados y, únicamente las partes (imputado y su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico) podrán tener acceso a los mismos”.

Por lo tanto, “no es posible proporcionarle la información que solicita”, informó el titular de la Unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia, Sergio Antonio López Escalante.

Pese a la negativa, la organización Mujeres de Hierro prepara un amparo para continuar con la pelea por la información, dice Lorena Villavicencio. Aunque se trata una investigación judicial que efectivamente guarda secrecía según el Código de Procedimientos Penales, la solicitud por conocer el estatus de la investigación es porque “como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros recursos no sean desviados ni se permita el uso de dinero público para simulaciones o fines diversos”.

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