Por Arturo Angel (@arturoangel20) para Animal Político

Desde su creación, hace 17 años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 872 denuncias formales ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el manejo de recursos público. Pero hasta ahora, la Procuraduría solo ha logrado que una decena de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia todavía. Los detenidos por esos casos se encuentran libres bajo fianza.

Es decir, en términos jurídicos, todos los desvíos denunciados por las autoridades permanecen al día de hoy impunes, entre ellos más de 60 casos correspondientes al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Los motivos de la falta de resultados van desde la lentitud con que la PGR investiga los casos, postergándose algunos por años o de plano archivándolos, hasta la interposición de amparos de parte de los probables responsables que frenan los procesos, o criterios de los jueces que consideran que las averiguaciones previas no están bien integradas.

Un balance sobre las acciones legales promovidas por la Auditoría al que Animal Político tuvo acceso arroja que la ASF ha presentado 872 denuncias penales ante el Ministerio Público de la Federación (Procuraduría General de la República).

Las denuncias penales, en términos generales, son por el manejo irregular de recursos federales que no se utilizaron para lo que estaba destinado y que no se sabe en donde se encuentran. Las irregularidades involucran tanto a funcionarios de dependencias federales, así como de gobiernos estatales, municipales, universidades y fideicomisos.

Cada denuncia presentada por la ASF está integrada por tres partes: un oficio donde se hace una descripción detallada de los hechos irregulares y de los procesos de verificación, el expediente completo de la auditoría practicada que dio origen a la denuncia, y un dictamen técnico donde se identifica a los servidores públicos que tendrían una posible responsabilidad en los hechos de acuerdo con su ámbito de competencia.

Esta documentación sirve para que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR integre la averiguación previa (carpeta de investigación en el nuevo sistema penal) y se prosiga con las indagatorias en donde el área jurídica de la Auditoría Superior funge como coadyuvante (auxiliar en el proceso de investigación).

Un dato a destacar es que de las 872 denuncias presentadas el 96 por ciento (833 denuncias) se han presentado del 2010 a la fecha, es decir, durante la administración del auditor superior Juan Manuel Portal.

Pobres resultados...

Lee la nota completa en Animal Político