La liberación en el fuero civil de los últimos tres de los ocho militares implicados en el caso Tlatlaya se ordenó porque la PGR no demostró una supuesta ejecución extrajudicial ni otros delitos como encubrimiento y modificación de la escena, por lo que este fallo “no implica impunidad”, puntualizó en su resolución el magistrado del sexto tribunal unitario del segundo circuito, Adalid Ambriz Landa.

Expuso que ante la “insuficiencia probatoria” del Ministerio Público de la Federación respecto a la hipótesis de que soldados asesinaron a ocho presuntos agresores que se habían rendido, “no es posible  vulnerar los derechos humanos de los procesados” en aras de la justicia que demandan las víctimas indirectas de estos hechos.

Se trató, explicó, de ajustarse al debido proceso.

El Consejo de la Judicatura Federal difundió el fallo del sexto tribunal por tratarse de un asunto de interés público y de una acción transparente “de cara a la sociedad”.

En la foja número 515 del expediente, Ambriz Landa señaló: “(…) procede dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba el Ministerio Público actúe nuevamente en contra de los inculpados, pues en estos casos no opera el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal del delito de que se trata”.

Anoche, la PGR informó en un comunicado que “solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes”, en los cuales murieron 22 personas.

En su fallo, el magistrado reveló diversas inconsistencias en las pruebas aportadas por la PGR, como declaraciones contradictorias de tres testigos sobrevivientes.

Una de las declarantes inclusive señaló que en la bodega desde la cual miembros de un grupo criminal dispararon contra soldados que realizaban un patrullaje el 30 de junio de 2014, anteriormente habían sido asesinadas siete personas secuestradas, una de las cuales dijo ser “diputado”.

A estas víctimas les colocaron una cartulina con la leyenda: “ESO ERA POR PASARSE DE VERGA. ATENTAMENTE (…), según la testigo que manifestó que hasta ese inmueble fueron trasladadas más personas plagiadas.

En los primeros testimonios, las tres mujeres a quienes los  militares lograron liberar y protegieron hasta presentarlas ante el MP aseguraron que solo hubo un enfrentamiento que duró alrededor de ocho minutos.

Aunque en una segunda declaración, casi tres meses después, indicaron que luego del primer tiroteo que “duró casi una hora”, los soldados ingresaron al inmueble para “ejecutar” a los civiles armados.

También variaron en el horario de los hechos, pues señalaron que fue alrededor de las 5 am y después a las 7 am, lo que distorsionaría sus declaraciones sobre las condiciones de luz en que pudieron observar lo que realmente sucedió, así como la identidad de los militares.

El magistrado consideró: “Las pruebas que obran en autos son insuficientes para acreditar que después del primer evento de disparos que duró aproximadamente ocho minutos, sostenido en la primera versión de los hechos, haya existido un segundo evento en el que tres militares ingresaron a la bodega y privaron de la vida a ocho personas”.

Avaló además el peritaje de la procuraduría del Estado de México, en el que se determinó que el lugar de los hechos “fue preservado en su estadio original momentos previos a su intervención criminalística; y que tomando en cuenta la localización y ubicación de los cuerpos que presentaron los occisos en el interior de la bodega, éstas sí corresponden a las últimas y originales al ocurrirles su deceso”.

Los peritajes de mecánica de lesiones y balística revelaron que no hubo una ejecución en el caso Tlatlaya, pues los disparos de los soldados se realizaron a larga distancia.