CDMX.- “La Familia Michoacana”, al mando de Johny Hurtado Olascoaga, “El Fish”, tenía varias casas de seguridad en municipios colindantes entre Guerrero y Estado de México, a las que llevaba a sus víctimas para ejecutarlas y luego tirarlas en bolsas. Una de esas casas es la bodega ubicada en Tlatlaya, en la que 22 civiles murieron durante un enfrentamiento con el Ejército. 

De acuerdo con la declaración de una de las tres testigos en las que la Procuraduría General de la República (PGR) basó su acusación contra tres soldados por homicidio, uno de los secuestrados fue un diputado, “pero ya no supe lo que pasó con él”. 

El Consejo de Judicatura Federal (CJF) hizo pública la resolución del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito que ordenó la liberación de los soldados Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides al no encontrar pruebas suficientes en su contra por la muerte de civiles. 

En la resolución se desprende la declaración de tres mujeres: Clara Gómez, Patricia Campos y Estefany Nava, identificadas como testigos 1, 2 y 3, respectivamente. 
La testigo 3 relató que durante una semana en la que estuvo en la casa de seguridad para ofrecer servicios sexuales observó que llevaban a más gente secuestrada y que ella se encargaba de darles de comer. 

Para la PGR, en la resolución judicial se desestimaron los elementos de prueba que aportó el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de los tres soldados. 

Sin embargo, el tribunal estimó que las versiones de las tres testigos no cumplen con las exigencias del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, que menciona que la declaración debe ser clara y precisa.