Panamá.- Los trabajadores del bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, aseguraron hoy que sus puestos laborales están "en peligro" y pidieron el cese de los ataques mediáticos contra la firma de abogados.

"Aun cuando la empresa a la que hemos pertenecido por años, no ha sido acusada formalmente, ni juzgada por la comisión de delito alguno por parte de autoridades locales o extranjeras, los colaboradores estamos viendo nuestra estabilidad laboral, y por ende el sustento de nuestras familias, en peligro", indicaron en un comunicado.

Según los empleados del despacho, los bancos instalados en Panamá le "han cerrado las puertas" a la compañía e incluso "han cancelado préstamos hipotecarios ya aprobados con anticipación".

"La situación se hace delicada para nosotros, los colaboradores, que nos encontramos con la nula disposición y confianza de los bancos para obtener los financiamientos que usualmente requerimos", añadieron.

Los trabajadores de la compañía especializada en la gestión de patrimonio en paraísos fiscales reiteraron la legalidad de su actividad y le pidieron a los medios de comunicación que dejen de juzgar al despacho de abogados "injustamente".

"Hacemos un llamado a la objetividad y la solidaridad nacional para con nosotros pues hemos sido víctimas de un ilícito y estamos siendo afectados por asuntos de política exterior", sostuvieron.

Los papeles de Panamá, considerados la mayor filtración periodística de la historia, afectan ya a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno.

El Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), la asociación que destapó el escándalo el pasado 3 de abril, puso este lunes a disposición del público la base de datos completa del bufete panameño especializado en gestión de patrimonios.

Se trata de 11,5 millones de documentos, con información sobre más de 200.000 compañías, fundaciones y fondos de inversión, que los usuarios pueden consultar en la pagina web del grupo periodístico.

Nada más entrar en la base de datos, el ICIJ advierte que las sociedades "offshore" tienen "usos legítimos" y subraya que su intención no es acusar a las personas o compañías que aparecen en los documentos de haber incumplido la ley.