Por Juliana Fregoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Eventualmente el Gobierno de México tendrá que hacer un pronunciamiento más fuerte sobre el tema de los llamados Panama Papers, para explicar si quienes aparecen en estas filtraciones incurrieron o no en un delito, consideró Rodrigo Aguilera, analista para México de The Economist Intelligence Unit.

Expresó que, en el caso de México, aunque la percepción sea que el caso puede dejar la sensación de que los involucrados incurrieron en actos “inmorales”, no necesariamente implica que sean ilegales. Aun así “lo importante es la percepción ciudadana. Aunque estas [operaciones] hayan sido 100 por ciento legítimas, no se van a percibir como tal, porque de cierta manera es aprovecharse de vacíos legales para no pagar impuestos”.

Una de las empresas mencionadas dentro de el escándalo que representa la filtración periodística más grande en las historia y que señala a cerca de 140 políticos, empresarios y figuras públicas alrededor del mundo, menciona al dueño de la mexicana Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, también involucrado en el escándalo “casa blanca” de la Primera Dama Angélica Rivera de Peña, la cancelación de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro, la construcción del nuevo hangar presidencial, así como una serie de concesiones que se le han otorgado en el Estado de México y en el Gobierno federal.

El domingo 3 de abril, el Consorcio internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, publicó una serie de documentos confidenciales que presuntamente vinculan a la firmal legal panameña Mossack Fonseca, con inversiones en distintos paraísos fiscales alrededor del mundo.

Las filtraciones, llamadas Panama Papers, explican cómo a través de este despacho, los personajes involucrados utilizaron compañías offshore y cuentas secretas para ocultar miles de millones de dólares, lo cual les permitió, entre otros, evadir el pago de impuestos en sus países de origen.

En el caso del dueño de Grupo Higa, se le menciona por la presunta labor de sus asesores para diseñaron fideicomisos offshore y empresas fantasma para proteger su riqueza lejos de México.

“Tenga en cuenta que hemos estado trabajando junto con el asesor de un cliente de perfil muy alto desde hace algún tiempo”, escribió en un email Filipe Miguel Fernandes de Matos Marcelo al bufete de abogados panameño en un correo electrónico de fecha 1 de julio de 2015, meses después del escándalo “casablanca” que cobró relevancia al descubrirse que Angélica Rivera le habría comprado a Higa una lujosa mansión en el Distrito Federal por un valor superior a los 7 millones de dólares.

Filipe Miguel Fernandes de Matos Marcelo indicó –en un correo que dio a conocer el periodista Tim Johnson, del buró en Washington de McClatchy– que el cliente tenía “una cartera de cuentas en cuatro bancos”: JP Morgan Chase, Grupo UBS, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley y Wells Fargo.

“Apenas” 100 millones de dólares sólo en esas cuentas, dijo.

Porque “esos 100 millones de dólares son sólo una pequeña parte de la cartera del cliente”, dijo, de acuerdo con Johnson, de McClatchy.

Solicita “máxima confidencialidad” en la discusión de un negocio potencial con Hinojosa.

“Es uno de los hombres de negocios más prominente en México. Desafortunadamente, debido a su éxito y su alto perfil, tiene un alto número de personas a las que les disgusta y por desgracia, hay una gran cantidad de publicidad negativa que rodea el cliente”, agregó Matos.

Hinojosa y su consorcio también vendieron al Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, en condiciones ventajosas, otra propiedad similar pero en Malinalco.

LA RESPONSABILIDAD MORAL DE HINOJOSA

Para el analista de The Economist, el tema de que Grupo Higa esté ligado al Presidente Enrique Peña Nieto desde que era Gobernador del Estado de México “genera desconfianza, la pregunta es, independientemente de cuál sea la percepción ciudadana, ¿cuáles van a ser las consecuencias?”.

Hasta ahora, la única respuesta de México Ha sido que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 33 mexicanos por las filtraciones de los Panama Papers.

En las futuras auditorías a estos contribuyentes, el Estado podrá revisar sus cuentas de hace cinco años y hasta la fecha cuando es un tributario regular o retroceder hasta la última década si el particular no está inscrito en el SAT, apuntó la especialista.

Pero perseguir a los presuntos evasores no será tan fácil por varias razones.

Lo primordial es que la filtración que ha dado la pista al Gobierno federal para que se lance a investigar no tiene validez por sí misma.

Por otra parte, los bancos no están obligados a informar sobre la procedencia de los recursos de sus clientes al no ser auditores fiscales y las sociedades offshore, a pesar de crearse en un tiempo récord, bajo gran secretismo y sin apenas tributar, están permitidas en México y en muchos otros países.

EL PAÍS DE NO PASA NADA

Rodrigo Aguilera señaló que a pesar de que no existe una obligación moral por parte de Higa, sino también por parte del Gobierno federal de hacer un pronunciamiento sobre el caso, no obstante, “en México hay un modus operandi, cualquier Gobierno [de cualquier nivel] que está involucrado en algo, hace como que nada pasa, y aquí no sé qué tan efectivo va a ser el SAT en castigar”, expresó.

Desde su óptica, los Panama Papers revelaron lo que todo el mundo ya sabía, pero no existían evidencias concretas, “creo que en México siempre y cuando no se revele que haya participación directa del Gobierno, el problema no va a pasar a mayores o para bien y para mal, en tres años –que sean las elecciones presidenciales- nadie se va a acordar, podría haber un problema con las elecciones de este año, pero no más allá.

La lección que se puede aprender de esta experiencia, a juicio del analista es que existe una necesidad de llenar todos lo vacíos que pudieran existir en materia de inversiones en paraísos fiscales tanto en leyes locales como en tratados internacionales, así como incorporar a nuevos jugadores como la incorporación de Bitcoin en las transacciones internacionales.