La bancada del PAN en el Congreso de Coahuila pidió a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos reunirse con el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, para analizar el informe que realizó la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas sobre el presunto vínculo del crimen organizado con el Gobierno de Coahuila en los últimos dos sexenios.

El diputado Jesús de León Tello, coordinador de la fracción panista, aseguró que el estudio que se basa en testimonios de delincuentes detenidos en Estados Unidos.

“Mientras que en Estados Unidos salen datos claros sobre la vinculación de las autoridades de Coahuila con estas mafias, en México no se ha investigado nada”, dijo, “de desprenderse de estos testimonios que hay posible comisión de delitos de funcionarios públicos, que se abran las carpetas de investigación”.

NO ESTÁN CONFORMES CON RESPUESTA DE GOBIERNO
Ante la respuesta que dio el Gobierno del Estado, que aseguró que se basa en testimonios falsos e información inconsistente, de León Tello dijo que son declaraciones que se dieron bajo juramento y ante autoridades judiciales de los Estados Unidos, por lo que se les debe de dar validez.

“Los testimonios no son inventados, lo que plasman en el estudio no son sus inventos, son testimonios recabados por autoridades en Estados Unidos, no puedes ir a declarar hechos falsos, no se pueden desestimar, aquella persona que declare con falsedad comete un delito, allá es mayor la pena si se les ocurra declarar falsedades”, comentó.

En el caso específico de lo ocurrido en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, el otrora Procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos, aceptó que ese centro penitenciario fue usado por el cártel de los Zetas para la comisión de diversos delitos y en lo cual habrían estado involucrados diversos funcionarios.

“Las grandes pruebas es lo que ha salido, inclusive el propio Gobierno del Estado, en su momento Homero Ramos dio a conocer que investigaban el Cereso de Piedras Negras que fue usado como un centro de operación de los Zetas, esa sola declaración implica que hay injerencia no solo de custodios, del director, sino de subsecretarios y secretarios que tenían a su cargo los centros de readaptación”, explicó.

SANCIONES
Jesús de León dice que el informe debe ser analizado a fondo y en caso de que encontrarse responsabilidades de funcionarios, sean castigados conforme a la Ley.