Los tres pueblos indígenas que hay en Coahuila serán reconocidos en la Constitución Política del Estado y contarán con todos los derechos establecidos en el mismo documento, mientras que se les permitirá tener autonomía y se obligará al estado y los municipios a promover la cultura y lenguaje de esas comunidades.

El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad la reforma del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, para reconocer los derechos de los pueblos indígenas de los Kikapús, los Negros Mascogos y los Mazahuas, asentados en los municipios de Múzquiz y Torreón. La iniciativa había sido presentada por el diputado Antonio Nerio Maltos.

“Con la intención de forjar un Estado incluyente resulta de vital importancia garantizar el ejercicio efectivo de los derechos para las poblaciones indígenas coahuilenses, respetando siempre su desarrollo social y económico, así como las manifestaciones de cultura y el ejercicio de los derechos, previendo la  protección de su patrimonio y riqueza cultural”, señala el dictamen aprobado.

OBLIGARÁN A PROMOCIÓN
En primera instancia, se obligará al Estado y municipios en el ámbito de su competencia, a promover la participación de la sociedad en el rescate, preservación y difusión de la cultura, lenguas, usos, costumbres y tradiciones indígenas.

Además, dentro del citado artículo se reconocerá y garantizará el derecho de los pueblos indígenas que residan de manera temporal o permanente en el estado, a tener una libre determinación, autonomía y reconocimiento como pueblo indígena.

“Derecho a la libre determinación, a la autonomía, al reconocimiento como pueblo o comunidad indígena, a la identidad indígena, a aplicar sus propios sistemas normativos, a la preservación de su identidad cultural, a la tierra, a la consulta y participación, a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y al desarrollo”, señalará la Ley.

Asimismo, el Estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias garantizando el derecho humano a la consulta previa, libre e informada.

LA LEY
De acuerdo con los artículos transitorios del dictamen, lo aprobado entrará en vigor un día después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y dentro de los 160 días siguientes se presentará la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, conforme a las recomendaciones de la ONU