Ciudad de México. Acción Ciudadana frente a la Pobreza (ACFP), un movimiento que surgió en mayo de 2015 y que a la fecha aglutina 60 organizaciones civiles, condenó que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinara no aumentar el monto del salario mínimo pues aseguró que, con ello, obliga y sacrifica, por decreto, “a vivir por debajo de la línea oficial de de la pobreza” a 7 millones 926 mil 332 trabajadores mexicanos que ganan como máximo hasta un minisalario, es decir 88.36 pesos por día o 2 mil 650.80 pesos al mes.

Rechazó que el aumento al salario mínimo genere presiones inflacionarias, pues recordó que fue desindexado de tarifas y multas del sector público, además que desde 2015 se homologó el salario que existía en 3 zonas económicas sin que aumentaran precios o se perdieran empleos.

“En el marco de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigimos al gobierno mexicano a que busque la competitividad y la productividad en un impulso a la inversión, a la innovación, la educación, el desarrollo de la ciencia y tecnología. En eso debería usar el dinero público y no en la compra del voto y la corrupción a costa de millones de mexicanas y mexicanos”, sentenció.

Desde que surgió hace 3 años, la ACFP ha criticado que México se incluya entre las 15 economías más grandes del mundo pero que en el Índice de Desarrollo Humano a nivel global ocupe el lugar 71 y en las últimas dos décadas haya 14.5 millones de mexicanos más en pobreza. “La generación de empleos de calidad con salarios adecuados que impacten la productividad laboral es un reto de la política económica. Sin embargo, parece que se pretende enfrentar la pobreza sólo con políticas sociales”, ha acusado el movimiento.

El pasado 21 de mayo, el consejo de representantes de la Conasami, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), “resolvió por unanimidad no continuar con el proceso de revisión del salario mínimo general vigente” con el argumento de que “la economía mexicana enfrenta factores de riesgo considerables”, por lo que debe “privar la prudencia y evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales positivas del crecimiento económico, el empleo y la inflación”.

Ello a pesar de que el mismo dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, se pronunció de manera reiterada porque se revisara el salario mínimo e incluso sostuvo que sí existen condiciones económicas para que aumente a 98.15 pesos por día.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza también refirió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) además de decenas de organizaciones civiles y sociales, tanto aglutinadas en ACFP como ajenas a ella, consideran que es “urgente, necesario y viable un alza en el salario mínimo”, como piso hacia un salario suficiente que permita vivir a los mexicanos y mexicanas con dignidad y sin pobreza.

La decisión de la Conasami es “inmoral e irresponsable” y violatoria a los derechos humanos de millones de mexicanos, por lo que ACFP advirtió que mantendrá abiertos los procesos que a nivel nacional e internacional inició desde enero y febrero de este año contra el gobierno federal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que cumpla con la ley.

Los argumentos de la Conasami de no aumentar el salario mínimo para mantener un equilibrio macroeconómico los calificó como “pretextos y prejuicios”, además de falsedades, y consideró que el llamado “monto independiente de recuperación” es una herramienta eficaz para aumentar en números absolutos el salario mínimo sin que tenga repercusiones en incrementos porcentuales de otros salarios como en los que son negociados en los contratos colectivos de trabajo y eso se demostró en los ajustes de diciembre 2016 y 2017.

“Es inaceptable que se condene la vida de las 7.9 millones de trabajadores, quienes al cuarto trimestre de 2017 ganaban hasta un salario mínimo, y sus familias al deterioro de su calidad de vida en aras de mantener una supuesta competitividad con mano de obra barata”, insistió.