Por Ernesto Aroche Aguilar para Animal Político

Durante el 2016, el Órgano Administrativo Desconcentrado (de) Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Comisión Nacional de Seguridad y la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) de la SAGARPA pagaron contratos con sobrecostos millonarios  a la empresa Desarrollos Jurídicos Integrados (DJI), SA de CV,  que a su vez subcontrató a otras empresas entre éstas dos vinculadas al esquema de la estafa maestra.

DJI contrató a empresas que no fueron localizadas en los domicilios fiscales, o que evadieron el pago de impuestos, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

La investigación estableció que la citada compañía recibió cinco contratos de los organismos gubernamentales señalados por 176 millones de pesos, todos por asignación directa, situación que violó la normativa gubernamental.

La asignación de estos contratos puso en riesgo información gubernamental catalogada como de seguridad nacional, pues la ASF detectó que la empresa no reportó que tuviera medidas de seguridad en el manejo de los datos a pesar de que la documentación entregada por la OADPRS contenía información delicada.

La ASF estimó que las irregularidades detectadas en estos contratos implicaron un daño al erario por 150 millones de pesos, y pidió a los órganos internos de control respectivo iniciar investigaciones a los funcionarios responsables y al Sistema de Administración Tributaria, investigar si las empresas cumplieron con sus obligaciones fiscales.

Contratos inflados

Durante el 2016, la empresa DIJ recibió tres contratos del OADPRS por 112.5 millones de pesos. Para entregar los contratos el organismo aseguró que no contaba con el personal especializado y capacitado para el manejo de “archivos gubernamentales, gestión documental y jurídico-administrativa para desarrollar el servicio”.

En la investigación, la ASF comprobó que el personal que la empresa DJI asignó al cumplimiento de los contratos tampoco estaba capacitada para la tarea, pues los coordinadores generales de los servicios de cada contrato (empleados por DJI)  “argumentaron no contar con estudios especializados en las materias señaladas, y negaron cualquier capacitación relacionada con las mismas por parte de su empleadora y del OADPRS”.

La ASF también encontró que para la realización de los trabajos, DJI erogó en pago de nómina 26.3 millones pesos, es decir sólo el 23.4% de los 112.5 millones de pesos que pagó el gobierno federal, “lo que denota que la contratación de dicha empresa no estuvo motivada en las mejores condiciones para el Estado, toda vez que se pagaron tres servicios en un precio que resultó excesivo”.

También se detectó que para cumplir con los trabajos, DJI subcontrató a una segunda empresa: Full Service de México, SA de CV, “no obstante la prohibición de subcontratación establecida en la cláusula décima cuarta de cada uno de los tres contratos suscritos”.

Por todo lo anterior, la ASF pidió al Órgano Interno de Control “inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos que en su gestión solicitaron, autorizaron y suscribieron, durante el ejercicio de 2016, tres contratos de prestación de servicios por montos superiores al costo real de los trabajos realizados”.

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