Las nueve entidades que elegirán nuevos gobernantes el 1 de julio, heredarán a las próximas administraciones 77 mil millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el período 2012-2016.
Dicha cifra es superior a los 48 mil millones de pesos que, según los cálculos del Gobierno federal, son necesarios para la reconstrucción debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados.

Veracruz acumula 50% de los 77 mil millones de pesos que los nueve estados con elecciones deben aclarar, lo cual incluye presuntos desvíos cometidos durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador actualmente encarcelado, acusado precisamente de desvío de recursos y corrupción.

Las revisiones a las cuentas del actual Gobierno veracruzano, encabezado por Miguel Ángel Yunes, se entregarán durante los próximos dos años.

Jalisco, gobernado por Aristóteles Sandoval, es la segunda entidad con más recursos pendientes de solventar, con 10 mil 787 millones de pesos; en tercer lugar está Chiapas, con siete mil 968 millones de pesos por aclarar, cuyo mandatario es Manuel Velasco.

A su vez, Guanajuato, gobernado por Miguel Márquez, tiene observaciones por siete mil 541 millones de pesos; mientras que Morelos acumula pendientes por cuatro mil 420 millones de pesos.

De las entidades que renovarán gobiernos este año, las que menos tienen recursos por comprobar son Yucatán, con mil 468 millones de pesos; Puebla, mil 716 millones de pesos y la Ciudad de México, dos mil 873 millones de pesos.

En concreto, los montos observados por la ASF significan dinero que fue transferido por la Federación a las entidades para educación, obra pública, salud, seguridad pública, entre otros; sin embargo, no se ejerció o los estados no han comprobado el destino que se les dio debido a diferentes motivos, no necesariamente por desvío de recursos.

Los montos detectados como irregularidades están actualizados hasta enero de 2018, y las entidades tienen 30 días (a partir del 20 de febrero pasado) para enviar la documentación comprobatoria del destino de los recursos.
24 HORAS publicó hace unos día que, de forma global, los 32 estados del país, en el periodo 2012-2016, acumularon 183 mil millones de pesos de irregularidades financieras que no han logrado solventarse ante la Auditoría.

La siguiente entrega de auditorías se realizará en mayo próximo y se trata del primer Informe de la Cuenta Pública 2017, donde se fiscalizará el último año de gobierno de los mandatarios que dejaran su cargo este año.

Sin consecuencias, desvíos detectados por la ASF

Marco Antonio Fernández Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, consideró que el principal problema de las auditorías públicas no son el tiempo en que tardan en emitirse los resultados, sino “el trágico y frustrante problema de impunidad”, porque no hay consecuencias por el presunto desvío de recursos.

En una entrevista con 24 HORAS, reconoció que los informes de las Cuentas Públicas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en ocasiones, llegan a destiempo; sin embargo, agilizar su presentación sólo abonaría a que el Legislativo contará con mayores elementos en el diseño de las partidas presupuestales.

Para el experto en transparencia fiscal y combate a la corrupción, “el problema del país no es la tardanza en la entrega de las auditorías”, sino, en los resultados de éstas no tienen consecuencias significativas, para los funcionarios, instituciones y estados que desviaron recursos públicos.

El principal obstáculo para castigar el mal uso de recursos públicos, según Fernández Martínez, ocurre luego de la presentación de los resultados y denuncias ante las instancias en la procuración de justicia, con fallas en el armado de carpetas de investigación, la poca coordinación entre los auditores y ministerios públicos, así como la falta de profesionalismo de éstos últimos.

El también investigador asociado a México Evalúa señala que, a pesar de los resultados de las fiscalizaciones, en más de una década, sólo una denuncia ha causado sentencia de las 912 presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Otras de las fallas que evitan el castigo para quienes desvían recursos es la cooptación de las auditorías locales por los gobiernos de los estados, y la corrupción que impide seguir con las investigaciones penales tras la presentación de los informes.

Son varios factores, no solamente uno, lo que está detrás de la poca eficacia de las investigaciones de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (…) el problema está con las instancias que tienen que seguir las investigaciones en términos penales y administrativos, porque no están haciendo bien su trabajo