Según un testigo clave en las investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,  Omar Hamid García Harfuch recibía 200 mil dólares mensuales de parte del cártel de los Guerreros Unidos, para que los dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.

El actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC-CDMX), fungía como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal de la Policía Federal (PF), donde también servía comisario general y jefe de la División de Investigación.

Así lo revela este jueves en su portada el diario Reforma, que tuvo acceso a la declaración del testigo protegido, al que llama ‘Juan’. 

“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice el testigo, de acuerdo con Reforma.

“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los [de] Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, aseguró el declarante, cuya identidad está reservada.

Como testigo protegido, “Juan” otorgó muchos detalles respecto a cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertas y desaparecidas al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos.

Juan indicó que el ahora titular de la SSC-CDMX estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), de 1964 a 1970.

Otros funcionarios que señaló “Juan” son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco Cabrera, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la entonces Procurador General de Justicia (PGJ) guerrerense, respectivamente, en el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quienes supuestamente recibían 50 mil dólares mensuales.

“La Policía estatal, la Policía de Caminos, la Federal Ministerial, la Municipal ya estaba controlada por ser del municipio donde operaba el grupo”, afirmó “Juan”, quien abundó que el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo del 2018, en Tonatico, Estado de México.

Omar García Harfuch negó las acusaciones la mañana de este jueves. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter dijo:  “Niego categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy ‘testigo protegido’, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por sí misma. No tengo nada que ocultar”.

Con información de Reforma