MÉXICO.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) indicó que si un obispo o sacerdote se pronuncia en contra de la Reforma Educativa, “es libre de expresarse, no se procederá en su contra, ni habrá una llamada de atención”, indicó el secretario general del organismo, Alfonso Miranda.
 
El pronunciamiento se realizó luego que fray Raúl Vera López, obispo de Saltillo, recientemente llamó a las autoridades a derogar la Reforma Educativa, al considerar que “vulnera los derechos laborales de los maestros y le está robando la paz social al País”.
 
“La Conferencia del Episcopado es un órgano colegiado que no disminuye la acción pastoral de cada Obispo, de tal forma que cada Obispo es el que preside su Diócesis, el que responde a ella”, expuso Mirando al respecto.
 
“Es la voz de Monseñor Vera”, explicó, “yo hablo con la voz de la Conferencia Episcopal Mexicana (…), ya los asuntos técnicos deberán ser resueltos por las instancias que les toca; en este caso la Secretaría de Educación Pública y la CNTE, entre otros”.
 
 

El periódico La Razón publicó lo anterior en su portal de internet, donde subrayó que Miranda agregó que también es responsabilidad de ellos (los obispos), responder por cada una de sus palabras.
 
“A nivel colegiado, de alguna manera marcamos la ruta de nuestros propios comunicados, de tal forma que sirvan de orientación a los demás obispos”, consideró el secretario general del CEM.
 
El secretario de la CEM no quiso fijar posición sobre dicha problemática y se manejó en una línea de mesura para no involucrarse en el tema.
 
 “Como miembro de este País, es responsabilidad de muchos. Ha habido un tratamiento a nivel de años de este proceso y de este entendimiento entre el Magisterio y del Gobierno; no ha sido fácil, tampoco me puedo meter en cuestiones técnicas o específicas, lo que sí es lo que vemos (…)”, contestó.
 
“Aquí tenemos que entrarle todos, Gobierno, magisterio, CNTE y mirar más allá de nuestras propias ventajas y de nuestras propias instituciones y pensar en el País” manifestó, “en el niño que es nuestra razón de ser, del maestro y del desarrollo de las comunidades que están más cerca y que sufren las propias circunstancias de la falta de diálogo o de la falta de acuerdos”.
 
Remató que “no es que uno u otro tengan la culpa; todos tenemos responsabilidad que atender”.
 
El 13 de julio pasado, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló: “Que deroguen esa ley (Reforma Educativa), es anticonstitucional, esa ley está quitando la paz social al País, que dejen de decir que ellos (integrantes de la CNTE), son los culpables de los bloqueos, los culpables son los que han puesto esta ley, legisladores y el Ejecutivo”.
 
Tres días antes, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, opinó: “No debe privatizarse la educación pública, que se respeten los derechos laborales de los maestros y que entre todos se elabore un modelo educativo que haga que la educación sea un motor de desarrollo integral para los mexicanos”.
 
En tanto que Antonio González Sánchez, obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, criticó dicha ley al señalar: “La lucha que está encabezando el movimiento magisterial en contra de la Reforma Educativa es justa, ya que el Gobierno federal no promulgó una ley que busca mejorar el sistema educativo en México, más bien, está enfocada su terminología a lo laboral”.