A un año de la implementación del Sistema Penal Acusatorio (nuevo Sistema de Justicia Penal), los resultados han sido “caóticos”, indicó el diario estadounidense The Washington Post.

En el reportaje “Crisis de justicia en México. Cómo un esfuerzo respaldado por los EU para reparar el sistema judicial de México provocó disturbios”, el periódico apunta la confusión que genera entre todos los actuantes de la reforma penal, que transitó de un sistema escrito a uno oral.

“La policía se queja de horas perdidas en llenar formas laboriosas; los fiscales culpan a los jueces por liberar a los delincuentes; los jueces acusan a la policía mal capacitada de cometer errores en las escenas del crimen. Mientras tanto, los poderosos cárteles de la droga están explotando las debilidades en el nuevo sistema y están forzando a las autoridades de amenazas de muerte y sobornos”, indica el reportaje.

Citando a expertos y jueces, TWP habla de una “crisis” judicial y de una serie de deficiencias que afectan la aplicación de un esquema en el que el Gobierno de Estados Unidos ha invertido más de 300 millones desde 2008, específicamente en equipar a las cortes, las policías y personal legal.

El juez José Ramón Cossío, de la Suprema Corte, señaló en entrevista: “La reforma va mal. Hay muchos problemas pequeños que, en conjunto, están causando lo que creo es una importante crisis”.

Por su parte, Juan Antonio Gutiérrez, un juez de Jalisco, indica que la implementación del sistema no es posible, que es inoperante.
El texto insiste en que los agentes policíacos apenas saben leer y viven en lugares donde parecen verdaderas “zonas de guerra”.

“Es difícil enfatizar la importancia de la reestructuración. Busca convertir a las Policías, notoriamente ineficaces, en investigadores profesionales. Fortalece la independencia de los jueces. Proporciona más derechos a los acusados en un país donde se sabe que las autoridades exigen sobornos, obtienen confesiones bajo tortura y evidencia médica”, dice el texto.

Además, un número considerable de sospechosos, precisa, son a menudo liberados por errores cometidos por policías y fiscales mal entrenados, muchas veces errores en el papeleo y porque la cadena de custodia de la evidencia es regularmente violada.

El nuevo Sistema de Justicia Penal en México, señala, proviene de una vieja estructura legal basada en un “sistema inquisitorial”, modelado por el sistema de partido único que definió a México durante la mayor parte del Siglo 20.

En ese contexto, detalla TWP, la policía a menudo era vista como un instrumento de control, no de investigación, y se esperaba que los funcionarios judiciales fueran leales al gobernante PRI, en tanto que los jueces raramente estaban en desacuerdo con los casos escritos reunidos por los fiscales.

TWP advierte que los juicios orales también han puesto en mayor riesgo a los jueces, quienes ahora tienen enfrente a los criminales.
“Durante el año más mortífero (...) los políticos echan la culpa cada vez más a los cambios judiciales para vaciar las cárceles y avivar el crimen”, apuntó. 

DATOS

Inversión fallida> Desde 2008, el Gobierno de los EU ha invertido más de 300 millones de dólares en el nuevo Sistema de Justicia Penal en México, específicamente para equipar a las cortes y para entrenar a las Policías, así como al personal legal.

(Con información de agencias)